POR EL DISFRUTE Y EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD DE LAS MUJERES, CON AUTONOMÍA Y PLENA LIBERTAD

En este 28 de mayo, día de Acción a favor de la Salud de las Mujeres, a veinte años de la Declaración de 
Cairo, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres reconoce avances logrados en el disfrute y ejercicio del derecho humano a la salud, pero con amplias deudas pendientes no concretadas que obstaculizan el derecho al desarrollo y a una vida plena. 

Se destacan iniciativas ejemplares en la región como el Modelo de Salud Uruguayo de Prevención de Riesgo y Daño, centrado en los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Cairo, al convertirse en el año 2012 en el tercer país de América Latina en despenalizar el aborto, después de Cuba y Guyana. Con la implementación del mencionado modelo, Uruguay registra la tasa más baja de mortalidad materna en toda la región. 

Además, otros avances como la ampliación de la causal por motivos de violación sexual, sentada como 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina, en la que se insta a su vez al sector salud a crear protocolos de atención para que las intervenciones se hagan sin dilación alguna, dejando expresado también la no obligatoriedad de recurrir a los tribunales para la autorización. 

El balance regional realizado por CLADEM en 13 países de la región, en una mirada al cumplimiento de los 

compromisos de Cairo veinte años después, señala que América Latina y el Caribe registra altas tasas de 

mortalidad materna asociadas a la baja calidad de los servicios, al patrón androcéntrico y patriarcal de abordaje de la salud y a la existencia de leyes con restricción absoluta del derecho al aborto.

De acuerdo al reporte del Secretario General de la ONU, en todo el mundo más de 15 millones de niñas y 

adolescentes entre 15 y 19 años de edad paren cada año, y alrededor del 19% de las mujeres jóvenes de los países en desarrollo quedan embarazadas antes de cumplir los 18 años. América Latina posee la segunda tasa de fecundidad de adolescentes más alta del mundo, después de África Subsahariana.

Una proporción considerable de los embarazos de adolescentes son resultado de relaciones sexuales no consentidas y, en la mayoría de los casos, ocurren en el contexto del “matrimonio” precoz.

En otro orden, a pesar de las altas tasas de violencia contra las mujeres en el espacio público y privado, las 

deficiencias en los sistemas de salud para incorporar marcos preventivos de manera coordinada con otras 

instancias, continúa siendo parte de las amplias deudas pendientes.

En el marco de este día, llamamos la atención a los Estados para asegurar el cumplimiento efectivo de los 

compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo, un acuerdo regional para el diseño e implementación de políticas públicas nacionales, en el cual se reafirma la protección de los derechos de las mujeres y su autonomía para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como la eliminación de las múltiples formas de discriminación y violencia. En el mismo, los Estados de la región se comprometieron a eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, y a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normas y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.

 Hacemos un llamado a los Estados a transformar la vida de las mujeres latinoamericanas en el pleno disfrute de su derecho a la salud y autonomía sobre sus cuerpos, a través de la implementación de las obligaciones 

contraídas en los convenios internacionales de derechos humanos. La democracia plena se concretiza en la 

fundamentación de valores laicos, libres de amenazas fundamentalistas, en la que la persona humana como 

sujeta de derechos centraliza la intervención de la institucionalidad y las políticas. 

Segmentos tomados de: 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6fd4c5fbaa&view=att&th=146450d42aa5bfe4&attid=0.1&disp=inline&realattid=1469388234761961472-local0&safe=1&zw

Palabra de Antígona

Por Sara Lovera

El 28 de mayo fue proclamado como el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Seguramente habrá algunas manifestaciones oficiales esta semana que comienza, promesas y muchas estadísticas.  Hay que afirmar de entrada que la salud para millones de mexicanas es todavía un derecho por conquistar.

Un porcentaje elevadísimo de mexicanas sufre graves problemas de salud. Hay carencias alimenticias, falta de información preventiva y una pobreza insultante. De acuerdo a datos oficiales publicados por INEGI, el 13.8 por ciento de las mujeres con 20 años y más padece de cáncer de mama y 10.4 tiene cáncer cérvico-uterino, éstas las dos primeras causas de muerte femenina;

se considera como un problema de salud pública la muerte por aborto y las
enfermedades asociadas a una interrupción del embarazo en clínicas clandestinas.
Todavía el 8.6 por ciento de la razón de muerte materna es por aborto.

Si los cánceres femeninos sigue siendo la causa más tremenda de la
muerte de mujeres productivas, la diabetes se las lleva en plenitud y se ubica
en la tercera causa de muerte en mujeres y el EPOC, enfermedad pulmonar
obstructiva es la cuarta; la quinta la hipertensión arterial detonada por la
obesidad, el sedentarismo y la alimentación desproporcionada. Actualmente, 8.3
mujeres mayores de 40 años sufren de hipertensión arterial y en un solo año
fallecieron 8 mil 898 mujeres por esta enfermedad.

La sexta causa de muerte entre las mexicanas, inopinada para las
mujeres mayores de 50 años, la enfermedad más común es la cardiopatía
isquémica, producida cuando no hay un correcto flujo sanguíneo por las arterias
lo que genera un infarto. Este padecimiento cobra la vida de una de cada tres
mujeres mexicanas.

El panorama es preocupante, por decir lo menos. Mientras la
Iglesia Católica ha revivido la antigua polémica contra la libre interrupción
del embarazo a propósito de la iniciativa que se discutirá en la segunda mitad
de junio en el Congreso de Guerrero, pretendiendo todavía engañarnos con sus
artimañas. Y no sólo eso, sino que en un país laico amenaza con declarar la ex
comunión a quien ello promueve, empezando por el gobernador Ángel Aguirre y a
los hombres o mujeres lo apoyan.

La semana pasada se supo que en Nuevo León, el diputado Francisco
Treviño Cabello, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para
garantizar la vida del feto, como lo han hecho ya 18 estados de la República,
cosa que se califica como una violación flagrante a los derechos humanos de las
mujeres, reconocidos en nuestra Carta Magna.

Frente a las amenazas y bravuconadas de los jerarcas eclesiales ya
empiezan a surgir las protestas desde el movimiento de mujeres y algunas
funcionarias de los partidos políticos. Beatriz Cosío Nava, una militante por
los derechos de las mujeres desde el Partido de la Revolución Democrática,
llamó a los diputados de ese partido en Nuevo León, para que no vayan a votar
con priistas y panistas que ya decidieron aprobar dicha iniciativa. Por algo
será esta advertencia.

Lo cierto es que el Programa para conseguir la igualdad entre
hombres y mujeres, llamado Proigualdad dice claramente algunas cosas, que
extraigo del documento: que sólo 58 mujeres de cada 100 hombres tiene acceso a
los servicios directos de salud; que el 42.3 por ciento de las mujeres
hablantes de lengua indígena no tienen acceso a ningún servicio de salud.

Ese mismo documento reconoce que el aborto representa la quinta
causa de mortalidad materna y que el 8.6 por ciento de los embarazos ocurridos
entre 2004 y 2009 terminaron en un aborto. Pero dice más: el 46.2 por ciento de
los nacimientos en mujeres productivas de 20 a 49 años terminan en cesáreas, es
decir en un porcentaje mucho más alto que las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, cesáreas que se incrementaron en los últimos
12 años hasta en un 50.3 por ciento. Y que la fecundidad adolescente va en
aumento.

¿Y eso por qué? Dice el Proigualdad, que es un documento sobre el
que se están haciendo o se harán las políticas oficiales de género, que sólo el
20.9 por ciento de las unidades de primer nivel de atención tienen servicio de
anticonceptivos para las y los adolescentes y que apenas el 50 por ciento de
esas unidades cuentan con personal para la promoción de la planificación
familiar.

En otras palabras, parece claro lo que sucedió en los gobiernos
panistas ya que promovieron el desabasto de los métodos anticonceptivos, o sea
que los curas y el panismo que está contra la ILE y los derechos de las mujeres
generaron un desastre. El documento agrega que este es un problema generalizado
en el sistema de salud y ello, como es el caso de Guerrero, es mucho más
restringido para las mujeres indígenas.

La prevención del cáncer de mama y cérvico-uterino es elemental,
sin embargo sólo un 15 por ciento de las mujeres de 40 a 49 años y 26 por
ciento de las de 50 a 69 acuden a realizarse una mastografía. Mientras que
menos de la mitad, 48.5 por ciento de entre 25 a 64 años se hace la prueba de
Papanicolaou. Otro desastre y un verdadero retroceso. ¿De qué habla la Iglesia
Católica? ¿De la vida?

Respecto a la hipertensión arterial ésta afecta a una de cada tres
mujeres, su prevalencia se ha mantenido sin cambios entre 2006 y 2012, graves.  No
se sabe hoy, si la Secretaría de Salud está haciendo algo al respecto. Me temo
que no, ni de esto ni de las seis gravísimas causas de muerte de las mexicanas,
y el más grave es que cientos de integrantes del funcionariado gubernamental se
suman por omisión o activamente a la ideología de los jerarcas de la iglesia.

También se reconoce que hay problemas de depresión y de salud
mental que afectan de manera diferencial a hombres y mujeres: las mujeres
sufren más depresiones que los varones (14.4 versus 8.9 por ciento). Los
estudios dicen que tres de cada cuatro mujeres en México dicen estar estresadas
todo el tiempo.

La carta que se enviará al Congreso de Nuevo León, frente a ese
diputado que lanzó la iniciativa contando con el apoyo,  al menos con la bancada priista, es dura: “La
sola presentación de esta iniciativa, que el citado diputado panista pretende
que todas y todos ustedes aprueben a la brevedad, nos remite a una grave
regresión a épocas en las que la cúpula clerical decidía y manipulaba, como
poder fáctico sin escrúpulos, el quehacer legislativo y el rumbo político de la
nación, por encima del interés ciudadano, en un ambiente donde predominaba la
ignorancia y carecía de promoción la verdad científica “.

El texto de la protesta empezó a circular el sábado pasado señala
que  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define
ya el carácter laico de nuestra República y  obliga a los gobiernos
el cumplimiento de los compromisos internacionales  en materia de
derechos humanos, así como el llamado Consenso de Montevideo, aprobado el 15 de
agosto de 2013 por representantes oficiales de 38 países miembros y asociados
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las
Naciones Unidas, para decretar leyes, normativas, estrategias y políticas
públicas con el objeto de eliminar las causas prevenibles de morbilidad y
mortalidad materna, así como medidas para prevenir y evitar el aborto
inseguro.

Quienes firman la protesta llaman  a diputadas y diputados que integran el Congreso
del Estado de Nuevo León, de las diversas bancadas partidistas, para que
respeten el marco del Estado Laico que rige en México,  garantizado en el Artículo 40 de nuestra Carta
Magna y, en consecuencia les piden que  rechacen la iniciativa.

Habría que recordar, como dice la maestra Beatriz Cosío,
que  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la
discusión sobre la Constitucionalidad de la interrupción legal del embarazo
señaló: "que si bien el legislador debe de proteger la vida en gestación
no puede afectar desproporcionadamente los derechos de la mujer". Y que:
"no es constitucionalmente admisible que el legislador con la finalidad de
proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos
fundamentales de la mujer embarazada considerándola entonces como un mero
instrumento de la vida en gestación".

La Interrupción Legal
del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal, de acuerdo a las estadísticas oficiales,
en aproximadamente 120 mil procedimientos realizados desde 2007 a la fecha casi
el 70 por ciento se ha realizado con medicación. Ni una sola mujer ha muerto y lo
que ha sucedido es que se han salvado muchas vidas.
Habrá que esperar. Lo inaudito es que se haya reabierto la vieja polémica sobre
el derecho a la verdadera vida, la de millones de mujeres.

saraloveralopez@gmail.com  www.almomento.mx

https://www.facebook.com/notes/325715284244227/

Devuelvan a nuestras niñas!

Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 20/05/2014

Todos los días desde que tuve conciencia de lo que significaba, lo digo: Bring back our girls... lo aprendí en la calle, lo aprendí en mi vida, lo aprendí en el trabajo, lo aprendí de las niñas que conocí en mi infancia, las que veo a diario, las que me mueven y cuyas realidades me irritan y enojan, y me hacen un nudito en la garganta.

México es un país en el que a diario las niñas son arrancadas de su infancia para ser explotadas laboral y sexualmente. Las niñas que se ven arrancadas de su infancia para ser obligadas a ser adultas por la condición de marginación, abandono e irrespeto, las hijas de nadie que nadie quiere cuidar, las que son "carne de cañón" de la vida diaria, las olvidadas, las pobres, las indias bonitas, las que limpian casas a temprana edad, las que tienen que trabajar, las que son obligadas a casarse, las que sus familias olvidan y deben cuidarse solas... Traerlas de vuelta a todas.

Hoy día son noticia 274 niñas de Nigeria raptadas por el grupo radical Boko Haram en un claro ejemplo de cómo las niñas y mujeres son el botín de guerra cuando se viven las peores condiciones. La forma de vulnerar a una sociedad es atacando a sus niñas y mujeres, la forma de quebrar la dignidad de un pueblo es el ataque contra “sus mujeres”. Ellas no tienen voluntad ni posibilidad de ser vistas como sujetas plenas de derechos, son “accesorias” a una sociedad y susceptibles de usarse.

Hoy nos conmueve Nigeria, pero esa es la realidad de millones de niñas en todo el mundo. Miles de niñas-jóvenes que son secuestradas, arrancadas de sus hogares, de sus colegios, esperadas en un vehículo para ser subidas a la fuerza y llevarlas a puntos distantes donde serán explotadas sexualmente, la realidad en Europa del Este, en la India, en México, en Centroamérica, en Argentina, en cualquier lugar… es decir, no hay sitio seguro para las mujeres.

Devolver a las niñas, a ellas mismas incluso, sí, porque a veces se las secuestra en otras formas. No necesariamente llevándolas lejos, sino cuando se las obliga a asumir roles que no les corresponden y que vulneran sus derechos, como ocurre comúnmente en México con el matrimonio a temprana edad, cuando se les niega la posibilidad de una interrupción legal del embarazo secuestrándoles sus cuerpos, obligándolas a ser madres por la buenas conciencias de quienes creen que las adolescentes no van a ejercer su sexualidad y se les oculta la información y el acceso a los métodos anticonceptivos.

¿Quién nos devolverá  a esas niñas que desde temprana edad se ven obligadas a trabajar en actividades peligrosas, a cuidar a otros niños, a cargar atados de leña para hacer carbón, a cocinar y a cargar garrafones de agua de 20 litros?  Testimonios que escucho de las niñas en comunidades como Mucuychakán, en Campeche, y que seguramente se repiten en todo el país.

¿Quién devolverá a esas niñas que han sido secuestradas por la realidad, por el crimen, por la violencia comunitaria, por la pobreza, por la discriminación en las escuelas, por la imposibilidad de acudir a la escuela y en lugar de eso son ocupadas en tareas domésticas o laboran hasta muy noche vendiendo golosinas?

Que nos devuelvan a las miles de niñas que tan solo hoy, este día, estarán vendiendo sus cuerpos víctimas de la explotación sexual de sus padres, familiares, de un secuestrador o del propio sistema que les niega sus derechos.

@argentinamex

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche

Tomado de:
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66536

Texto del Desplegado:PARA EXIGIR QUE SE APRUEBE ILE EN GUERRERO!

Diputadas y Diputados
H. Congreso del Estado de Guerrero

Quienes firmamos este documento estamos convencidas y convencidos que la despenalización del aborto en el estado de Guerrero constituye un paso fundamental e importante para vivir bajo un marco más justo y equitativo en la entidad.

Una ley que penaliza el aborto como actualmente sucede, es injusta e ineficiente.

Injusta porque criminaliza a la pobreza y la falta de oportunidades de miles de mujeres, en particular de las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas; e ineficiente porque no evita las interrupciones del embarazo, pero sí genera una vergonzosa discriminación: quienes pueden pagar por abortos clandestinos y seguros tienen garantizada su vida y su salud, en cambio, aquellas que no poseen los recursos dañan severamente su integridad física.

La despenalización del aborto es un asunto de salud pública, ya que son miles de mujeres las que arriesgan su vida cuando deciden interrumpir en esta condiciones.

Es un acto de justicia social porque las mujeres en condiciones de vulnerabilidad (pobreza, falta de oportunidades y de educación), tienen más probabilidades de practicarse un aborto en clandestinidad, hecho que las criminaliza.

Es un asunto de Derechos Humanos, ya que es parte del derecho que tienen las mujeres a la vida, a la salud, a decidir de manera libre e informada y a la no discriminación.

La despenalización del aborto en la entidad representará un aporte fundamental al mejoramiento de las condiciones para alcanzar la equidad, ya que las mujeres son personas que toman decisiones éticas y responsables.

Con estas medidas el Gobierno del estado y el Congreso asumirían corresponsabilidad a las recomendaciones expresas del Consejo de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de las y los adolescentes.

Mostramos con este hecho nuestro compromiso y responsabilidad real con las causas sociales de las mujeres y hacemos un llamado a nuestros representantes para que de la misma forma asuman este llamado a hacer historia en Guerrero, aprobando la iniciativa.

Las maternidades deben ser producto del deseo y la elección.

Por la Vida y la Salud de las Mujeres!!!!
#ILEGroYa


SI QUIEREN SUMARSE  DE OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PUEDEN TAMBIÉN ENVIAR SUS ADHESIONES PORQUE ES MUY PROBABLE QUE SE PUBLIQUEN OTROS DESPLEGADOS ADICIONALES EXIGIENDO LA APROBACIÓN DE LA ILE. Necesitamos nombre completo (de organización o persona), municipio y estado, así como correo electrónico (este último, no es obligatorio).

Por favor enviar las adhesiones al correo: comunica@equidad.org.mx

Muchas gracias!!!!

¿Cuánto vale una madre? de Sabina Berman

Cuando un mexicano dice "vale madres", significa que algo no vale nada. Y no se equivoca. Esto ha hecho el Estado sexista con la maternidad desde que el Estado es sexista: esquinarla y convertirla en un cero. Tomarla como un hecho natural, espontáneo y gratuito, un cero. Mitificarla y cantarle loas o llevarle flores el 10 de Mayo y de nuevo valuarle en cero.
Es el trabajo de la maternidad y su derivado, el trabajo doméstico, el que desiguala a las mujeres y los hombres hoy en el capitalismo. Hoy una tercera parte de las mujeres egresadas de las universidades no ejercen sus profesiones, porque se dedican al hogar; hoy otra tercera parte de las profesionistas prefieren trabajos con menos responsabilidades, aunque sean menos remunerados, para poder ser también madres; hoy dos terceras partes de las mujeres profesionistas o no, trabajan dobles jornadas, una jornada remunerada y otra gratuita, la de la maternidad y el cuidado del hogar; hoy una tercera parte de mujeres en edad adulta han optado por no ser madres. Son datos planetarios de ONU mujeres.
¿Cuánto vale la maternidad? Lo responde Patricia Mercado, secretaria de trabajo del D.F. " Las labores de la maternidad, el cuidado de los otros y el trabajo doméstico, realizado en mayor parte por las mujeres, se han calculado: están valuados en 30 mil pesos al mes". Multiplique usted por las madres y amas de casa del país y verá la cifra que nuestro país le debe a sus mujeres. Dada esta cifra colosal, que nadie paga, ¿qué obligaciones cumple hoy el el Estado con las madres y amas de casa? Vuelve a contestar Patricia Mercado "Muy pocas" El estado asiste económicamente a las madres que viven bajo la raya de la pobreza y a las otras apenas las considera. Hay algunas guarderías gratuitas, son insuficientes. Los horarios largos en las escuelas, hasta media tarde, son una ayuda crucial para las mujeres, cuando existen; deberían ser la norma en todas las escuelas públicas. Faltan además lavandearías y cocinas públicas. Falta multiplicar el número de proveedores de ayuda doméstica.
Y falta valuar culturalmente la maternidad y el trabajo doméstico como lo que son. El sustento de nuestra calidad de vida. Falta pagar mejor a las asistentes que hacen parte de este trabajo, ivolucrar en estos trabajos a los padres y los hijos, sin que se sientan devaludados. Y exigir al Estado más y mejor cooperación.

Para leer artículo completo busca; revista PROCESO 1958/ 11 DE MAYO DE 2014 P.45

La lucha de Temaca

Varias veces han ganado la lucha los habitantes de Temacapulín. Lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera un resolutivo en el que se determina la suspensión del proyecto en lo que concierne a las alturas de la presa: no será de 105 metros, sino de 80. Con esa orden, los pueblos se salvarían de ser inundados. Sin embargo, parece ser que en México hay alguien que está por encima de la SCJN. Al menos esa es la señal que nos enviaron a todos los jaliscienses, a todos los mexicanos cuando de pronto, el gobierno del estado de Jalisco, en voz de su titular, Aristóteles Sandoval nos vino a decir que “siempre sí se inundaría Temacapulín”, sin importar que esto contraviniera su compromiso de campaña con los pobladores de que tal cosa no sucedería.
Así, mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anuncia, cual ángel exterminador, que en unas semanas se darán a conocer las fechas de los desalojos. 
Ahora, el Comité Salvemos Temacapulín, Palmarejo y Acasico, conformado por oriundos de esos pueblos, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es este nuevo paso para sus pobladores, una experiencia más en la larga trayectoria de recursos de lucha por los que han tenido que pasar, dejando con ello una enseñanza poderosísima a todos los jaliscienses: nunca claudicar, asumir la lucha como destino en el trance critico de –¡literalmente!– ser borrados del mapa con la anuencia de un gobierno del estado que simplemente se hace a un lado, dejando a su suerte a cientos de personas.  

ver nota completa en;
 http://www.lajornadajalisco.com.mx/2014/05/05/la-lucha-de-temaca

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).

Habiendo analizado estas cuestiones conjuntamente con la colaboración de ARTÍCULO 19, Campaña Mundial para la Libertadde Expresión (ARTICLE 19, Global Campaign for Free Expression) y el Centro para la Libertad y la Democracia (Centre for Law and Democracy);

Recordando y reafirmando nuestras Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, el 30 de noviembre de 2000, el 20 de noviembre de 2001, el 10 de diciembre de 2002, el 18 de diciembre de 2003, el 6 de diciembre de 2004, el 21 de diciembre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 12 de diciembre de 2007, el 10 de diciembre de 2008, el 15 de mayo de 2009 y el 3 de febrero de 2010;

Enfatizando, una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión —incluidos los principios de independencia y diversidad— tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo;

Destacando el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información;

Atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros derechos y la participación pública, asó como para facilitar el acceso a bienes y servicios;

Celebrando el notable crecimiento del acceso a Internet en casi todos los países y regiones del mundo, y observando a la vez que miles de millones de personas aún no tienen acceso a Internet o cuentan con formas de acceso de menor calidad;

Advirtiendo que algunos gobiernos han actuado o adoptado medidas con el objeto específico de restringir indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención al derecho internacional;

Reconociendo que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeto a aquellas restricciones limitadas que estén establecidas en la ley y que resulten necesarias, por ejemplo, para la prevención del delito y la protección de los derechos fundamentales de terceros, incluyendo menores, pero recordando que tales restricciones deben ser equilibradas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión;

Preocupados porque, aun cuando se realicen de buena fe, muchas de las iniciativas de los gobiernos en respuesta a la necesidad antes mencionada no toman en cuenta las características especiales de Internet y, como resultado, restringen de manera indebida la libertad de expresión;

Considerando los mecanismos del enfoque multisectorial del Foro para la Gobernanza de Internet de la ONU;

Conscientes del amplio espectro de actores que participan como intermediarios de Internet —y brindan servicios como acceso e interconexión a Internet, transmisión, procesamiento y encaminamiento del tráfico en Internet, alojamiento de material publicado por terceros y acceso a este, referencia a contenidos o búsqueda de materiales en Internet, transacciones financieras y facilitación de redes sociales— y de los intentos de algunos Estados de responsabilizar a estos actores por contenidos nocivos o ilícitos;

Adoptamos, el 1 de junio de 2011, la siguiente Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet:

1.      Principios generales

a.       La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita").

b.       Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.

c.       Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades.

d.       Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a través de Internet.

e.       La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida.

f.        Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet ("alfabetización digital").

2.      Responsabilidad de intermediarios

a.       Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo ("principio de mera transmisión").

b.       Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros en las mismas condiciones establecidas en el párrafo 2(a). Como mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión (como sucede con muchas de las normas sobre "notificación y retirada" que se aplican actualmente).

3.      Filtrado y bloqueo

a.       El bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.

b.       Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión.

c.       Se debe exigir que los productos destinados a facilitar el filtrado por los usuarios finales estén acompañados por información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan y las posibles desventajas si el filtrado resulta excesivo.

4.      Responsabilidad penal y civil

a.       La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí y/o este se dirige específicamente al Estado en cuestión. Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como "turismo de la difamación").

b.       Las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el interés general del público en proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función de "lugar público de reunión" que cumple Internet).

c.       En el caso de contenidos que hayan sido publicados básicamente con el mismo formato y en el mismo lugar, los plazos para la interposición de acciones judiciales deberían computarse desde la primera vez que fueron publicados y solo debería permitirse que se presente una única acción por daños respecto de tales contenidos y, cuando corresponda, se debería permitir una única reparación por los daños sufridos en todas las jurisdicciones (regla de la "publicación única").

5.      Neutralidad de la red

a.       El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación.

b.       Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información, y cualquier información relevante sobre tales prácticas debe ser puesta a disposición del público en un formato que resulte accesible para todos los interesados.

6.      Acceso a Internet

a.       Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.

b.       La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.

c.       La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.

d.       Otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones de registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la libertad de expresión.

e.       Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Como mínimo, los Estados deberían:

                                                               i.      Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.

                                                             ii.      Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público.

                                                            iii.      Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.

                                                           iv.      Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.

f.        A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.



Frank LaRue

Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión



Dunja Mijatović

Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849