Por Sara Lovera
El 28 de mayo fue proclamado como el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Seguramente habrá algunas manifestaciones oficiales esta semana que comienza, promesas y muchas estadísticas. Hay que afirmar de entrada que la salud para millones de mexicanas es todavía un derecho por conquistar.
Un porcentaje elevadísimo de mexicanas sufre graves problemas de salud. Hay carencias alimenticias, falta de información preventiva y una pobreza insultante. De acuerdo a datos oficiales publicados por INEGI, el 13.8 por ciento de las mujeres con 20 años y más padece de cáncer de mama y 10.4 tiene cáncer cérvico-uterino, éstas las dos primeras causas de muerte femenina;
se considera como un problema de salud pública la muerte por aborto y las
enfermedades asociadas a una interrupción del embarazo en clínicas clandestinas.
Todavía el 8.6 por ciento de la razón de muerte materna es por aborto.
Si los cánceres femeninos sigue siendo la causa más tremenda de la
muerte de mujeres productivas, la diabetes se las lleva en plenitud y se ubica
en la tercera causa de muerte en mujeres y el EPOC, enfermedad pulmonar
obstructiva es la cuarta; la quinta la hipertensión arterial detonada por la
obesidad, el sedentarismo y la alimentación desproporcionada. Actualmente, 8.3
mujeres mayores de 40 años sufren de hipertensión arterial y en un solo año
fallecieron 8 mil 898 mujeres por esta enfermedad.
La sexta causa de muerte entre las mexicanas, inopinada para las
mujeres mayores de 50 años, la enfermedad más común es la cardiopatía
isquémica, producida cuando no hay un correcto flujo sanguíneo por las arterias
lo que genera un infarto. Este padecimiento cobra la vida de una de cada tres
mujeres mexicanas.
El panorama es preocupante, por decir lo menos. Mientras la
Iglesia Católica ha revivido la antigua polémica contra la libre interrupción
del embarazo a propósito de la iniciativa que se discutirá en la segunda mitad
de junio en el Congreso de Guerrero, pretendiendo todavía engañarnos con sus
artimañas. Y no sólo eso, sino que en un país laico amenaza con declarar la ex
comunión a quien ello promueve, empezando por el gobernador Ángel Aguirre y a
los hombres o mujeres lo apoyan.
La semana pasada se supo que en Nuevo León, el diputado Francisco
Treviño Cabello, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para
garantizar la vida del feto, como lo han hecho ya 18 estados de la República,
cosa que se califica como una violación flagrante a los derechos humanos de las
mujeres, reconocidos en nuestra Carta Magna.
Frente a las amenazas y bravuconadas de los jerarcas eclesiales ya
empiezan a surgir las protestas desde el movimiento de mujeres y algunas
funcionarias de los partidos políticos. Beatriz Cosío Nava, una militante por
los derechos de las mujeres desde el Partido de la Revolución Democrática,
llamó a los diputados de ese partido en Nuevo León, para que no vayan a votar
con priistas y panistas que ya decidieron aprobar dicha iniciativa. Por algo
será esta advertencia.
Lo cierto es que el Programa para conseguir la igualdad entre
hombres y mujeres, llamado Proigualdad dice claramente algunas cosas, que
extraigo del documento: que sólo 58 mujeres de cada 100 hombres tiene acceso a
los servicios directos de salud; que el 42.3 por ciento de las mujeres
hablantes de lengua indígena no tienen acceso a ningún servicio de salud.
Ese mismo documento reconoce que el aborto representa la quinta
causa de mortalidad materna y que el 8.6 por ciento de los embarazos ocurridos
entre 2004 y 2009 terminaron en un aborto. Pero dice más: el 46.2 por ciento de
los nacimientos en mujeres productivas de 20 a 49 años terminan en cesáreas, es
decir en un porcentaje mucho más alto que las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, cesáreas que se incrementaron en los últimos
12 años hasta en un 50.3 por ciento. Y que la fecundidad adolescente va en
aumento.
¿Y eso por qué? Dice el Proigualdad, que es un documento sobre el
que se están haciendo o se harán las políticas oficiales de género, que sólo el
20.9 por ciento de las unidades de primer nivel de atención tienen servicio de
anticonceptivos para las y los adolescentes y que apenas el 50 por ciento de
esas unidades cuentan con personal para la promoción de la planificación
familiar.
En otras palabras, parece claro lo que sucedió en los gobiernos
panistas ya que promovieron el desabasto de los métodos anticonceptivos, o sea
que los curas y el panismo que está contra la ILE y los derechos de las mujeres
generaron un desastre. El documento agrega que este es un problema generalizado
en el sistema de salud y ello, como es el caso de Guerrero, es mucho más
restringido para las mujeres indígenas.
La prevención del cáncer de mama y cérvico-uterino es elemental,
sin embargo sólo un 15 por ciento de las mujeres de 40 a 49 años y 26 por
ciento de las de 50 a 69 acuden a realizarse una mastografía. Mientras que
menos de la mitad, 48.5 por ciento de entre 25 a 64 años se hace la prueba de
Papanicolaou. Otro desastre y un verdadero retroceso. ¿De qué habla la Iglesia
Católica? ¿De la vida?
Respecto a la hipertensión arterial ésta afecta a una de cada tres
mujeres, su prevalencia se ha mantenido sin cambios entre 2006 y 2012, graves. No
se sabe hoy, si la Secretaría de Salud está haciendo algo al respecto. Me temo
que no, ni de esto ni de las seis gravísimas causas de muerte de las mexicanas,
y el más grave es que cientos de integrantes del funcionariado gubernamental se
suman por omisión o activamente a la ideología de los jerarcas de la iglesia.
También se reconoce que hay problemas de depresión y de salud
mental que afectan de manera diferencial a hombres y mujeres: las mujeres
sufren más depresiones que los varones (14.4 versus 8.9 por ciento). Los
estudios dicen que tres de cada cuatro mujeres en México dicen estar estresadas
todo el tiempo.
La carta que se enviará al Congreso de Nuevo León, frente a ese
diputado que lanzó la iniciativa contando con el apoyo, al menos con la bancada priista, es dura: “La
sola presentación de esta iniciativa, que el citado diputado panista pretende
que todas y todos ustedes aprueben a la brevedad, nos remite a una grave
regresión a épocas en las que la cúpula clerical decidía y manipulaba, como
poder fáctico sin escrúpulos, el quehacer legislativo y el rumbo político de la
nación, por encima del interés ciudadano, en un ambiente donde predominaba la
ignorancia y carecía de promoción la verdad científica “.
El texto de la protesta empezó a circular el sábado pasado señala
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define
ya el carácter laico de nuestra República y obliga a los gobiernos
el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de
derechos humanos, así como el llamado Consenso de Montevideo, aprobado el 15 de
agosto de 2013 por representantes oficiales de 38 países miembros y asociados
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las
Naciones Unidas, para decretar leyes, normativas, estrategias y políticas
públicas con el objeto de eliminar las causas prevenibles de morbilidad y
mortalidad materna, así como medidas para prevenir y evitar el aborto
inseguro.
Quienes firman la protesta llaman a diputadas y diputados que integran el Congreso
del Estado de Nuevo León, de las diversas bancadas partidistas, para que
respeten el marco del Estado Laico que rige en México, garantizado en el Artículo 40 de nuestra Carta
Magna y, en consecuencia les piden que rechacen la iniciativa.
Habría que recordar, como dice la maestra Beatriz Cosío,
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la
discusión sobre la Constitucionalidad de la interrupción legal del embarazo
señaló: "que si bien el legislador debe de proteger la vida en gestación
no puede afectar desproporcionadamente los derechos de la mujer". Y que:
"no es constitucionalmente admisible que el legislador con la finalidad de
proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos
fundamentales de la mujer embarazada considerándola entonces como un mero
instrumento de la vida en gestación".
La Interrupción Legal
del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal, de acuerdo a las estadísticas oficiales,
en aproximadamente 120 mil procedimientos realizados desde 2007 a la fecha casi
el 70 por ciento se ha realizado con medicación. Ni una sola mujer ha muerto y lo
que ha sucedido es que se han salvado muchas vidas.
Habrá que esperar. Lo inaudito es que se haya reabierto la vieja polémica sobre
el derecho a la verdadera vida, la de millones de mujeres.
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