Cairo, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres reconoce avances logrados en el disfrute y ejercicio del derecho humano a la salud, pero con amplias deudas pendientes no concretadas que obstaculizan el derecho al desarrollo y a una vida plena.
Se destacan iniciativas ejemplares en la región como el Modelo de Salud Uruguayo de Prevención de Riesgo y Daño, centrado en los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Cairo, al convertirse en el año 2012 en el tercer país de América Latina en despenalizar el aborto, después de Cuba y Guyana. Con la implementación del mencionado modelo, Uruguay registra la tasa más baja de mortalidad materna en toda la región.
Además, otros avances como la ampliación de la causal por motivos de violación sexual, sentada como
jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina, en la que se insta a su vez al sector salud a crear protocolos de atención para que las intervenciones se hagan sin dilación alguna, dejando expresado también la no obligatoriedad de recurrir a los tribunales para la autorización.
El balance regional realizado por CLADEM en 13 países de la región, en una mirada al cumplimiento de los
compromisos de Cairo veinte años después, señala que América Latina y el Caribe registra altas tasas de
mortalidad materna asociadas a la baja calidad de los servicios, al patrón androcéntrico y patriarcal de abordaje de la salud y a la existencia de leyes con restricción absoluta del derecho al aborto.
De acuerdo al reporte del Secretario General de la ONU, en todo el mundo más de 15 millones de niñas y
adolescentes entre 15 y 19 años de edad paren cada año, y alrededor del 19% de las mujeres jóvenes de los países en desarrollo quedan embarazadas antes de cumplir los 18 años. América Latina posee la segunda tasa de fecundidad de adolescentes más alta del mundo, después de África Subsahariana.
Una proporción considerable de los embarazos de adolescentes son resultado de relaciones sexuales no consentidas y, en la mayoría de los casos, ocurren en el contexto del “matrimonio” precoz.
En otro orden, a pesar de las altas tasas de violencia contra las mujeres en el espacio público y privado, las
deficiencias en los sistemas de salud para incorporar marcos preventivos de manera coordinada con otras
instancias, continúa siendo parte de las amplias deudas pendientes.
En el marco de este día, llamamos la atención a los Estados para asegurar el cumplimiento efectivo de los
compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo, un acuerdo regional para el diseño e implementación de políticas públicas nacionales, en el cual se reafirma la protección de los derechos de las mujeres y su autonomía para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como la eliminación de las múltiples formas de discriminación y violencia. En el mismo, los Estados de la región se comprometieron a eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, y a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normas y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.
Hacemos un llamado a los Estados a transformar la vida de las mujeres latinoamericanas en el pleno disfrute de su derecho a la salud y autonomía sobre sus cuerpos, a través de la implementación de las obligaciones
contraídas en los convenios internacionales de derechos humanos. La democracia plena se concretiza en la
fundamentación de valores laicos, libres de amenazas fundamentalistas, en la que la persona humana como
sujeta de derechos centraliza la intervención de la institucionalidad y las políticas.
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