miércoles, 28 de diciembre de 2011

Códigos penales reducen condenas e invisibilizan el delito

Por “razones de honor”, 16 estados dejan impune el feminicidio  


Por Anaiz Zamora Márquez

México, DF, 27 dic 11 (CIMAC).- En 16 estados de la República, los códigos penales estipulan los delitos por “razones de honor” o “emoción violenta”, con lo que se justifican y quedan impunes las agresiones contra las mujeres, se asienta en la investigación “Feminicidio en México, aproximaciones, tendencias  y cambios 1985-2009”.

Con el argumento de que “la dignidad de la pareja ha sido agredida” se invisibliza el delito de feminicidio, advierte el estudio elaborado por ONU Mujeres, la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres y El Colegio de México.

Así, 16 códigos penales estatales contemplan atenuantes para disculpar la violencia que las mujeres sufren por parte de sus cónyuges, quienes incluso llegan a asesinarlas.

En Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Michoacán Yucatán, Nayarit, San Luis Potosí, Campeche y Zacatecas, se aplica la atenuante de “infidelidad conyugal” en los homicidios de mujeres, por lo que las penas de cárcel para los agresores son inferiores a las que se dictan por asesinatos cometidos bajo otras circunstancias.

En Coahuila, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, existe la atenuante de “emoción violenta” para reducir las condenas de prisión a los agresores y homicidas.

Si el delito se comete por “infidelidad conyugal” o “emoción violenta” las penas de cárcel son muy bajas. Por ejemplo en Baja California Sur la condena es de cuatro a 10 años; en Chiapas, de dos a ocho años; y en Michoacán, de tres días a cinco años.

En cambio, el Código Penal Federal estipula de 10 a 40 años de prisión el homicidio agravado o calificado cuando la víctima es cónyuge o concubina.

De acuerdo con el informe, a nivel nacional hay una marcada tendencia discriminatoria a la hora de castigar las agresiones cometidas contra las mujeres, y que difiere de instrumentos internacionales de Derechos Humanos firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
El estudio concluye que al no existir la figura del feminicidio en 23 códigos penales estatales se invisibilizan los crímenes en contra de las mujeres, situación que se agrava cuando aún hay estados que consideran “los delitos pasionales” en sus legislaciones.

jueves, 22 de diciembre de 2011

Ante Estado omiso, activistas son hostigadas y asesinadas

ESPECIAL DERECHOS HUMANOS

Año fatídico para defensoras de Derechos Humanos

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 22 dic 11 (CIMAC).- Los asesinatos, amenazas e intimidaciones contra activistas de diversas causas y movimientos y la falta de interés del Estado mexicano por protegerlos, marcaron la situación de los Derechos Humanos (DH) durante 2011.

El tenso clima de violencia que se vive en todo el país hizo que aumentara el riesgo que enfrentan las y los defensores humanitarios, quienes lejos de obtener garantías para realizar su trabajo, encontraron el desdén de las autoridades por establecer un mecanismo para protegerlos. 

A principios de este año, la familia Reyes Salazar exigió la presentación con vida de Luisa Ornelas, y Malena y Elías Reyes Salazar, quienes fueron “levantados” el 7 de febrero en Ciudad Juárez, Chihuahua, y cuyos cuerpos fueron hallados la madrugada del día 25 del mismo mes.

Malena y Elías eran hermanos de Josefina Reyes Salazar, una activa defensora de DH que fue asesinada el 3 de enero de 2010 y cuyo caso fue emblemático porque se trataba de una mujer que exigió justicia para su hijo asesinado, presuntamente a manos de militares.

De acuerdo con la información difundida, el lunes 7 de febrero las tres víctimas –acompañados de Sara Salazar y una niña de 11 años– viajaban de Juárez al poblado de Guadalupe, en Chihuahua, cuando un grupo armado los interceptó y secuestró.

Estos hechos merecieron la atención de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las cuales condenaron lo sucedido.

En su momento estas organizaciones hicieron un llamado para que las autoridades federales y estatales impulsaran una investigación imparcial y exhaustiva de los ataques perpetrados contra defensoras y defensores y sus familiares, en especial en el estado de Chihuahua.

ACTIVISTAS SIN PROTECCIÓN

Estas agresiones evidenciaron la urgente necesidad de investigar los hechos y de adoptar un mecanismo federal de protección a defensores, por ello, las organizaciones civiles volvieron a exigir al gobierno federal que diseñara un mecanismo de protección.

Pese a esta demanda, lo único que obtuvieron las organizaciones fue un acuerdo, publicado el pasado 7 de julio, que comprometía a la Secretaría de Gobernación a construir un mecanismo de protección, pero hasta el momento no se sabe qué ha pasado con el mismo.

Y es que no se puede dejar de lado que el secuestro –y posterior asesinato de Malena, Elías y Luisa– estuvo acompañado de actos de intimidación contra otras activistas, una de ellas Sara Salazar, la también matriarca de la familia Reyes Salazar.

El pasado 15 de febrero la casa de Sara Salazar fue incendiada y al otro día fue quemada la casa de María Luisa (Malú) García Andrade, integrante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Esta serie de amenazas no fueron investigadas ni sancionadas por las autoridades judiciales de Ciudad Juárez, lo que creó un clima de impunidad que dio pie a nuevos actos de intimidación, en especial contra las activistas de la localidad fronteriza.

Ejemplo de ello es que la madrugada del pasado 10 de marzo apareció una manta con amenazas de muerte contra la defensora y cofundadora de Nuestra Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz Rivera, lo que la obligó a salir de Juárez y abandonar el país para proteger su vida. Nuevamente en este caso no se encontró a los responsables.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Este año también se caracterizó por el estallido del clamor social reflejado en los movimientos sociales que se gestaron tras la formación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta y escritor Javier Sicilia, y el ex ombudsman del DF Emilio Álvarez Icaza.

Estas movilizaciones dejaron de manifiesto que las violaciones a DH son una constante en todo México y mostraron que los secuestros, extorsiones, amenazas, desapariciones y asesinatos son una realidad en un país, donde pareciera que las autoridades poco han hecho para evitar que esto suceda.

Aunque las marchas y plantones hicieron evidente la precaria situación de los DH, las historias de impunidad continúan. Tan sólo el pasado 2 de diciembre otra de las fundadoras de Nuestras Hijas, Norma Andrade, fue víctima de intento de asesinato, del cual resultó gravemente herida.

Norma es madre de Lilia Alejandra, una joven de 17 años asesinada en febrero 2001 en Juárez; y de Malú García Andrade, activista amenazada de muerte en varias ocasiones. Norma recibió cinco impactos de bala cuando se disponía a salir de su casa para ir a trabajar.

Norma y su hija Malú –quienes han sido defensoras de mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidio y trata– se vieron obligadas a exiliarse en la Ciudad de México con el objetivo de proteger su vida y poner a salvo al resto de su familia.

Cabe mencionar, que como ha sucedido en otros casos, las autoridades federales y estatales no han cumplido a cabalidad con las medidas de protección para la familia García Andrade, ni con la investigación para encontrar y sancionar a los responsables de las amenazas.

viernes, 2 de diciembre de 2011

A 200 años de la abolición de la escavitud. La esclavitud del siglor XXI sigue impune por la falta de interés de algunos diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

06 de diciembre de 1810. Hidalgo ratifica la abolición de la esclavitud
El Intendente Mariano Anzorena, encontrándose en Valladolid –hoy Morelia-, de acuerdo con las disposiciones de Miguel Hidalgo y Costilla y bajo el espíritu libertario del movimiento que éste había iniciado, ordenó el 19 de octubre de 1810 la abolición de la esclavitud y del pago de tributos.
Ese fue el primer decreto de abolición de la esclavitud, pues el 6 de diciembre, Miguel Hidalgo estableció en la ciudad de Guadalajara el gobierno insurgente, y emitió varias medidas de carácter político y socia. Entre ellas destacan las siguientes:
  • Todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte.
  • -El cese a la contribución de tributos que pagan las castas.
  • -La abolición del papel sellado empleado en asuntos judiciales.

Estas disposiciones, junto con otras que dictó en esta ciudad, reflejaban la intención de Hidalgo por imprimir al movimiento insurgente legalidad, autonomía y justicia social. Aunque no surtió un efecto general e inmediato, la legislación mexicana lo retomó posteriormente. Actualmente nuestra Constitución política reitera la prohibición de la esclavitud, destacando la libertad como un derecho inalienable de las personas, sin embargo en nuestros días aún existe la esclavitud, pues las redes de trata de personas  eso es lo que hacen esclavizan a personas!!!!

Trata de personas e impunidad;Por Sanjuana Martínez

México, DF,  23 sep. (CIMAC).- La trata de personas afecta anualmente a más de dos millones y medio de seres humanos en el mundo y genera alrededor de 7.000 millones de dólares cada año. México ocupa el segundo lugar que más víctimas de este delito envía a Estados Unidos, después de Tailandia.

A pesar de las poderosas redes de trata que operan en el país, la justicia mexicana nunca ha emitido una condena por este delito y la constante es la impunidad. Desde  la creación, hace casi dos años, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dirigida por Guadalupe Morfín --quien recientemente dimitió para postularse como Ombudsman nacional--, sólo se han iniciado 30 averiguaciones previas, tres de las cuales han terminado en consignaciones y ninguna en sentencia.

Al celebrarse  hoy el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, es necesario recordar que el fracaso de la Fevimtra en el combate a la trata es desalentador y vergonzoso. La falta de protocolos para atender y apoyar a las víctimas de este delito es la otra gran asignatura pendiente, además de la procuración de justicia. Las personas que han sufrido trata, luego de ser rescatadas se ven en la indefensión porque el Estado carece de mecanismos para atenderlas debidamente y dar seguimiento a su caso. ¿De qué sirve la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, instalada el 16 de julio? ¿Dónde están las políticas públicas para prevenir, investigar, perseguir y sancionar eficazmente la trata de personas?

La llamada esclavitud del siglo XXI es una cara más de la violencia de género porque afecta particularmente a niñas y mujeres. La trata con carácter sexual tiene como fin la exportación, no sólo el consumo interno. Miles de mujeres y niñas engrosan la lista de personas engañadas trasladadas a otros países con ofertas de empleo.
Y sin embargo "La falta de interés de algunos diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, evitó que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se votara en el pleno de la Cámara en su último día de sesiones y en consecuencia, este delito seguirá impune en México." http://www.cimacnoticias.com.mx/site/06042805-Falta-de-interes-y.14369.0.html

Insistirán ONGs en que entre en periodo extraordinario

Falta de interés y humanismo dejó fuera Ley antitrata

Carolina Velásquez Cimac | México, DF
En conferencia de prensa, fue denunciado lo anterior por integrantes de organizaciones civiles que forman parte del Grupo Promotor de Legislación Antitrata de Personas.

La actitud de los diputados es vergonzosa y deja ver que la defensa de un estado de derecho y la justicia en México no es su prioridad, señaló Fabienne Venet, directora de Sin Fronteras.

Hablan de un supuesto humanismo que no aparece por ningún lado, agregó, sin tomar en cuenta los compromisos internacionales que ha firmado el gobierno mexicano en esta materia.

Para Venet, ignoraron los reportes de organismos como la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, misma que esta semana publicó un informe donde cataloga a México con alta incidencia en trata de personas como país de origen y media incidencia como país de tránsito y destino.

La falta de interés de algunos diputados se demuestra, subrayó Arturo Márquez coordinador del Grupo Promotor, en la actitud de la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Claudia Ruiz Massieu, que "no recibió al grupo pese a que insistimos en una reunión con ella".

La presidenta no hizo su trabajo para impulsar la iniciativa de Ley, aprobada por unanimidad en el Senado en diciembre pasado, y empujar el voto a favor en el pleno, denunció Márquez.

A lo anterior se sumó el cuestionamiento del panista Sergio Vázquez, integrante de la Comisión, sobre todo del primer artículo de la iniciativa que la define como de orden público y de observación general, es decir, que debe ser aplicada por las autoridades en todos los niveles.

En consecuencia, la Ley fue aprobada por la Comisión sólo en lo general y las observaciones retrasaron el trabajo legislativo para ser analizada por el pleno de la Cámara.

Varias son las consecuencias de que la trata continué sin tipificarse como un delito: no existe una conciencia clara del fenómeno de parte de las autoridades, las y los responsables siguen impunes y no hay un marco jurídico que permita establecer una estrategia de prevención y protección a las víctimas.

Mariana Cervantes, integrante de Defensoras Populares, dijo que la trata de personas es un delito que cada año aumenta en el país, y ha sido colocado por organismos internacionales en el quinto lugar de incidencia en América Latina y 25 a nivel mundial.

Como acciones a seguir, el Grupo Promotor espera la posibilidad de que se convoque a un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, aún por definirse, y en la orden del día se integre un punto de análisis lo cual permitiría la posible aprobación de la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México.