En diciembre del 2009. alrededor de 90 organizaciones de mujeres y feministas de todo el país, firmaron el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, en respuesta a las reformas constitucionales en 18 estados, que protegen la vida "desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural".
Estas reformas, significan un grave retroceso al criminalizar a todas las mujeres por decidir voluntariamente sobre su maternidad. Al penalizar el uso de anticonceptivos y el aborto -aún en casos de violación-, se vulnera el carácter laico del Estado Mexicano y se obstaculiza el avance científico lo que profundiza el déficit democrático por razón de género.
Contrarias al principio de no regresividad de los derechos humanos, las reformas representan un trato cruel, inhumano y degradante para aquellas mujeres que son sometidas a proceso judicial y contravienen la argumentación y el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.
En este contexto, las organizaciones que integran el Pacto, defendieron el derecho a una maternidad libre y voluntaria y se pronunciaron porque no se acepte ni se discuta la iniciativa de reformar la Constitución Política Mexicana para proteger "la vida desde el momento de la concepción", que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, a iniciativa del gobierno de Veracruz.
Señalaron al PAN y el PRI, como aliados de la jerarquía de la Iglesia católica, atenían contra el Estado laico y al criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo, incluso con la cárcel, muestran su cara conservadora y de doble moral.
En una misiva dirigida a los legisladores, el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, expresó su profunda preocupación por la ola de reformas constitucionales que han sido aprobadas y que ya entraron en vigor en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.
Las organizaciones pidieron a los legisladores, refrendar su compromiso con el carácter laico del Estado Mexicano; vigilar que el gobierno federal y los gobiernos locales garanticen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos; legislar para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo; dictaminar en sentido negativo la iniciativa del Congreso de Veracruz que pretende criminalizar a las mujeres en todo el país por decidir sobre su maternidad e impedir cualquier retroceso legislativo en los derechos de las mujeres a nivel nacional y en los demás estados de la República Mexicana.
En un pronunciamiento el Pacto, llamó a no perseguir y encarcelar a las mujeres por ejercer su derecho constitucional de decidir el número y el espaciamiento de nuestros hijos.
Exigieron la separación de iglesia y Estado y que no se permita se imponga la visión de la alta jerarquía eclesiástica como ley al conjunto de la población.
Insistieron en que el PAN y el PRI, secundados vergonzosamente en algunos casos por diputados locales de todos los demás partidos con representación legislativa, han emprendido un embate a nivel nacional para elevar el mal llamado derecho a la vida a nivel constitucional en 18 estados de la República.
Hicieron ver que estas modificaciones legislativas, criminalizan a mujeres por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, derechos garantizados no sólo en la legislación mexicana, sino en todos los convenios internacionales firmados por nuestro país que velan por los derechos humanos.
Los cambios legislativos, no son solamente una lucha ideológica, sino que tienen consecuencias en la vida de las mujeres al presentar cargos, perseguir y encarcelar a decenas de mujeres acusadas de diversas variaciones de supuestos delitos equivalentes al asesinato.
Igualmente, exacerban la clandestinidad de la práctica del aborto en nuestro país y expone a adolescentes y mujeres a todo tipo de condiciones insalubres y peligrosas, poniendo en peligro su vida y bienestar.
En síntesis, tienen como objetivo, trasladar esta farsa legislativa a la Constitución federal y rodear al Distrito Federal, única entidad donde desde 2007, está ampliamente permitido el aborto terapéutico en hospitales públicos hasta los tres meses del embarazo. La concentración convocada por el Pacto, reúne a mujeres de grupos y colectivos de Distrito Federal y varias entidades del país.
Feministas Socialistas, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Consorcio Para el Diálogo Parlamentario, Colectiva con Letra F, Colectivo Feminista Socialista Rosa Chillante, Pacto por el Derecho a Decidir, Católicas por el Derecho a Decidir, Género, Mujer, Trabajo y Familia; Instituto Simone de Beauvoir, Red Dedeser, y 20 más. Mujeres de Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y 12 más.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.
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Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
