Celebrando el Legado de Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela, fue un abogado, político, líder del Congreso Nacional Africano y comandante en jefe de la organización guerrillera Umkhonto we Sizwe  "La Lanza de la Nación".
Nació el 18 de julio de 1918 y murió el5 de diciembre de 2013 Fué presidente de Sudáfrica, acabó con el Apartheid.

Nobel de la Paz, su labor traspasó fronteras Pasando de ser patrimonio de Sudáfrica a ser patrimonio de la humanidad.

Estas son algunas de sus frases universales:

"Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión."

"La gente aprende a odiar, y si pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario."

"Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra."

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo."

"Para ser libre no basta solo con liberarse de las propias cadenas, sino en vivir de una forma que se respete y fomente la libertad de los demás."

"La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre."

Ante relatora, advierten desprotección del Estado para defensoras

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 11/07/2014

CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina

Las agresiones, amenazas y hostigamientos que intentan frenar el trabajo de defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas, y que van en aumento en México, además de tener un componente de género, impactan a toda la comunidad, pues en algunos casos se frena la protección de las garantías fundamentales.

Activistas, defensoras y periodistas dieron a conocer lo anterior a Rashida Manjoo, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, quien acompañada de la jurista Alda Facio, escuchó ayer a representantes de organizaciones sociales y comunicadoras en el último evento público de su visita a México.

Marusia López Cruz, coordinadora regional de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), expuso que en México las defensoras de DH y periodistas desarrollan su trabajo en condiciones de desigualdad y discriminación de género.

Y al atentar en contra de su trabajo, ya sea con ataques directos o con campañas de difamación, no sólo se violenta su integridad personal, sino la de toda la comunidad, pues ellas –en la mayoría de casos– defienden y protegen a mujeres y poblaciones que debería cuidar el Estado.

 Atziri Ávila, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, expuso que la mayoría de los ataques atentan contra la dignidad, el cuerpo o la familia de las defensoras y periodistas.

Informó a las expertas las cifras de agresiones que año con año van en incremento, pues de enero de 2011 a diciembre de 2013 hubo 104 atentados, en los que estuvieron involucrados 171 personas (56 mujeres y 115 hombres). Precisó que en el mismo periodo hubo 26 asesinatos de defensores, 11 contra mujeres activistas.

Imelda Marrufo Nava, dirigente de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, sostuvo ante Manjoo y Facio que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha generado los resultados esperados, y que en algunos casos se percibe como un “mecanismo de simulación”, por lo que las propias defensoras se han articulado contra la violencia.

Yunuhen Rangel Medina, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), y Elia Baltazar, integrante de la organización Periodistas de a Pie, expusieron las condiciones adversas en las que las informadoras realizan su trabajo.

Rangel Medina enfatizó que en los últimos 10 años las agresiones contra las periodistas se han incrementado de manera continua, registrándose más de 200 en contra de comunicadoras, de las cuales 11 corresponden a casos de feminicidio.

La abogada feminista Andrea Medina Rosas expuso la necesidad de crear medidas de protección específicas ante las campañas de difamación y desprestigio contra defensoras y periodistas, petición a la que no han respondido las autoridades en México.

Rashida Manjoo recordó que las formas de discriminación y violencia contra las mujeres no son ajenas a las defensoras de DH y periodistas, por lo que agradeció su labor, ya que sin ella muchas mujeres de grupos vulnerables estarían totalmente desprotegidas.

Alda Facio, también experta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica, resaltó que para lograr los cambios que necesita la sociedad es indispensable la labor de las defensoras, quienes por derecho deben ser protegidas por el Estado y que lo que les suceda en el ejercicio de su labor también es responsabilidad, por acción directa u omisión, de las autoridades.

Trabajadoras de la SCJN denuncian acoso laboral y sexual ante relatora de ONU

Por Jesús Aranda (*)(**) México D.F.

Rashida Manjoo, sostuvo que es obligación del Estado investigar y sancionar a los responsables. En la imagen, con el coordinador de Derechos Humanos de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Pérez Vázquez Foto Guillermo Sologuren

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Policía Federal fueron denunciadas por trabajadoras de estas instituciones por acoso laboral y sexual, ante la presencia de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, quien escuchó asombrada los testimonios.

Haciendo acopio de valentía, las mujeres tomaron la palabra en el auditorio José María Iglesias del edificio sede del máximo tribunal para denunciar que las autoridades no atienden las demandas de acoso laboral o sexual, que ignoran las quejas, llaman chismosas a las denunciantes o que, o las censuran porque –dicen- lo que quieren es afectar a sus superiores.

Invitada a dar una conferencia magistral sobre Violencia contra las Mujeres, la funcionaria de la ONU dijo, después de escuchar a las denunciantes, que no podía responder concretamente sobre lo dicho por las denunciantes, pero recordó que “el Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y remediar estas situaciones, la responsabilidad es dual, debe proteger los derechos de las víctimas”.

Así como “castigar a los perpretadores, no sólo a quienes directamente violan los derechos, sino también a los oficiales que no cumplen con su deber de proteger a la víctima”, y aseveró que “no deberían presentarse casos de acoso sexual, si los estados y las instituciones estuvieran actuando con la debida diligencia, esto es parte de su acción, veo que hay un enorme reto…”.

“Soy acosada, fastidiada, desde hace año y medio, trabajo aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nacfión, en las áreas administrativas, pedí discretamente pedirle audiencia a usted (dijo dirigiéndose a la funcionaria de la ONU), porque me han acosado y no puedo trabajar, me tratan como una puta, deveras, y así es que lo único que pido es un cambio de adscripción: ya no puedo trabajar en una Corte Suprema como ésta, tengo mi queja ante la Contraloría, ya están haciendo expediente para correrme, soy madre soltera, y necesito el trabajo necesito su ayuda…”.

Dijo desesperada, Una joven alzó la mano, pidió la palabra y relató que como secretaria proyectista también sufrió acoso del juez Alfredo Rafael López Jiménez en el juzgado noveno de distrito de Iguala, Guerrero, y que a pesar de que denunció el hecho y perdió a su bebé con tres meses de embarazo, por el estrés que sufría, la autoridad no le dio la razón."Y no sólo soy yo, hay muchas personas que también están sufriendo acoso laboral y sexual, y pareciera que el Poder Judicial de la Federación lo permite.."

Después habló una policía federal, quien denunció que no existen protocolos para investigar, con perspectiva de género, las denuncias de acoso sexual. Lamentó que con la complacencia del comisionado general de la PF, Francisco Galindo Ceballos, la institución se niegue a investigar las denuncias de acoso laboral y sexual, y que cuando han recurrido a los órganos internos de vigilancia les digan que las mujeres que denuncian son unas chismosas, que lo único que buscan es afectar y quitar a su mando superior con comentarios sin fundamento.

También señaló que las mujeres que se han quejado de acoso fueron enviadas a Michoacán y Tamaulipas, a pesar de que pidieron no ser trasladadas porque no tenían con quién dejar a sus hijos, y que la respuesta que les dio su mando fue: Si la libras allá, te regresamos.

La mujer dijo que si en el ámbito federal, como la Corte, el Consejo de la Judicatura y la Policía Federal, se dan éstos abusos, qué no pasará en el ámbito local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Policía Federal (PF) quedaron en evidencia por su falta de compromiso en el combate al acoso laboral y sexual, luego de que trabajadoras de estas instituciones denunciaron ser víctimas de abuso ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, quien, asombrada, escuchó los testimonios.

Admiten funcionarios que sí existen denuncias(**)

Después de lo sucedido, funcionarios judiciales reconocieron la existencia de denuncias por acoso sexual y laboral ante las Comisiones de Equidad de Género de la SCJN y del CJF que han derivado, incluso, en la no ratificación de un magistrado y un juez que fueron denunciados por acosar a mujeres que laboraban en los órganos jurisdiccionales que encabezaban.

Además, hubo quien comentó que las denuncias presentadas ante la relatora de la ONU no fueron más que la punta del iceberg de un problema que está lejos de solucionarse.

Información tomada de:

(*)http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/10/trabajadoras-de-la-scjn-denuncian-acoso-laboral-y-sexual-ante-relatora-de-onu-7516.html

(**)http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/002n1pol

ALERTA FEDERAL DECLARADA POR AGORA FEMINISTA

Estamos convencidas que una sociedad no avanza sin el trabajo de la ciudadanía organizada y es por ello que AGORA FEMINISTA declara esta ALERTA FEDERAL con el objetivo de que se establezca de forma inminente una reunión de carácter federal entre las firmantes y la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto de la Juventud, Secretaría de Hacienda y la Comisión de Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil, para iniciar un diálogo que permita que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil sea financiado adecuadamente, considerando que los recursos públicos no son una dádiva, sino el derecho de las organizaciones civiles para financiar proyectos de interés social que el gobierno no emprende.

Ágora Feminista, conformada por personalidades como Andrea Medina Rosas (abogada del caso Campo Algodonero) e Imelda Marrufo (coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez), puso hoy en marcha la alerta en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Documento completo:

ALERTA FEDERAL
ALTO A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

AGORA FEMINISTA coordinación de 37 mujeres y organizaciones feministas de diversos estados del país, no quiere callar ante el condicionamiento político y partidario del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

No queremos callar ante el chantaje económico que nos orilla a la simulación y da cabida a la negociación individual o de pequeño grupo.

No debemos callar ante la negación de los derechos que la Ley de Fomento establece para el trabajo de las OSC.

No podemos ser cómplices de políticas públicas que obligan a desarrollar actividades ajenas a nuestros objetivos, a nuestras especialidades, a nuestras convicciones e ideales.

Estamos convencidas que una sociedad no avanza sin el trabajo de la ciudadanía organizada y es por ello que AGORA FEMINISTA declara esta ALERTA FEDERAL con el objetivo de que se establezca de forma inminente una reunión de carácter federal entre las firmantes y la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto de la Juventud, Secretaría de Hacienda y la Comisión de Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil, para iniciar un diálogo que permita que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil sea financiado adecuadamente, considerando que los recursos públicos no son una dádiva, sino el derecho de las organizaciones civiles para financiar proyectos de interés social que el gobierno no emprende.

PRONUNCIAMIENTO

La sociedad civil, en sus diversas expresiones organizadas, hemos sido un pilar fundamental de la democracia del país desde hace varias décadas. Nuestro trabajo, conocimientos y movilización han colocado temas centrales en la agenda pública: el acceso a la justicia, el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la sustentabilidad ambiental, la erradicación a todo tipo de discriminación, la participación política, la atención a la violencia de género, por mencionar los más urgentes.

Estos procesos no han sido tersos, en muchos casos hemos tenido que enfrentar desde campañas de desprestigio hasta persecución y criminalización de nuestras luchas. No obstante, nuestro trabajo ha tenido resultados concretos, hemos acompañado a muchos movimientos sociales y populares, hemos sido promotoras de procesos importantes de educación popular, hemos apuntalado iniciativas económicas para mejorar la calidad de vida, hemos brindado asesoría para la defensa de los derechos humanos y contra las injusticias. Hemos promovido metodologías, procedimientos y leyes. Más aún, nuestro trabajo logró permear las políticas públicas y muchas instituciones fueron creadas gracias a la lucha de muchos años de movimientos internacionales y nacionales. Entre éstos, los mecanismos para atender las desigualdades de género, las comisiones de derechos humanos, incluso los órganos electorales fueron resultado no sólo de las demandas sino también de la movilización, los conocimientos y experiencias de muchos grupos y organizaciones civiles. Las organizaciones sociales somos, en este sentido, un motor del cambio, somos parte fundamental para la creación del México que queremos.

La aprobación de la Ley de Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil en el año de 2004 fue resultado de un largo proceso de trabajo de las organizaciones civiles para lograr el reconocimiento de nuestro aporte frente a la ausencia de políticas públicas que dieran respuesta a las necesidades e intereses de amplios sectores sociales empobrecidos, discriminados y marginados.

Esta ley respondió a la necesidad de consolidar un marco legal para el respeto y fortalecimiento de las organizaciones sociales que permitiera generar condiciones de trabajo libres de descalificaciones y hostilidades. La ley define claramente el marco de la relación del gobierno con la sociedad:

“Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias, en lo relativo a las actividades que señala el artículo 5 de la misma” Fracción V del artículo 1º Objeto de la Ley.

Sin embargo, la experiencia ha evidenciado que una relación corresponsable ha sido entendida de diferente manera por las instituciones gubernamentales quienes han colocado nuestro trabajo en un marco de hostilidad y violencia. Es el caso de las defensoras de derechos de las mujeres periodistas, luchadoras sociales, indígenas, ambientalistas y cualquier sector que ponga en cuestión las políticas neoliberales.

A las adversas condiciones en las que hemos trabajado en los últimos años, ahora se suma una política de exterminio económico. En los pasados tres años hemos visto como se reducen los fondos para las actividades de las organizaciones civiles, al mismo tiempo que se aumentan los requisitos para acceder a ellos. Lejos de ejercer el derecho al presupuesto público y reconocer nuestro compromiso social con incentivos fiscales, se nos está tratado como a empresas lucrativas.

Mediante convocatorias y procesos de dictaminación poco transparentes, se imponen temas, se excluyen organizaciones y se eliminan acciones fundamentales para el desarrollo. Se busca que ajustemos y cambiemos nuestro trabajo, nuestras metodologías y nuestros objetivos sociales como si se tratara de negocios que ya no son redituables.

Al mismo tiempo que se anuncian recursos millonarios para promover una política social de corte asistencialista y corporativa, se procede a la reducción de recursos públicos para las organizaciones civiles que mantienen una postura crítica y de autonomía. En el Instituto Nacional de Desarrollo Social, por ejemplo, se ha limitado la posibilidad de acceder a más de un proyecto. Mientras el Instituto Nacional de las Mujeres obliga a las organizaciones que concursan para acceder a fondos públicos, a firmar cartas para recibir recursos federales renunciando a la posibilidad de acceder a otros fondos; establece una serie de requisitos fiscales y administrativos en plazos imposibles de cumplir, incluyendo criterios de “anti-lavado” de recursos. Se ha instaurado la figura de “socio solidario” quien no puede ni debe tener una remuneración económica proveniente de su desempeño dentro del proyecto; se insta a que nuestra labor cualificada quede a título de “voluntad”. Por su cuenta la SEMARNAT modificó las reglas de operación con criterios de eliminación de propuestas poco transparentes y que favorecen una selección discrecional.

Se trata al presupuesto público como una dádiva (“apoyos”) y no como el derecho de las organizaciones civiles para acceder a los recursos que provienen de los impuestos aportados por la ciudadanía, mientras que los altos funcionarios públicos cobran sueldos millonarios. Asombra la forma en que se vigilan los exiguos recursos recibidos para realizar proyectos de corte social y ciudadano, mientras que en el país prevalecen cotidianamente las denuncias de funcionarios corruptos, muchos de ellos ligados al crimen organizado.

Ya se anuncia que se obligará a las organizaciones civiles a registrarse como donatarias a pesar de que la mayoría son asociaciones sin fines de lucro. Esto busca favorecer fiscalmente a las empresas que mediante estos “donativos” reducen el pago de sus impuestos y cubren requisitos de una supuesta responsabilidad social. Este registro implica gastos administrativos y fiscales que las organizaciones pequeñas y de base no pueden cumplir.

ALERTA FEDERAL

• Es alerta federal porque afecta a todas las organizaciones sociales del país.
• Es alerta federal porque afecta a todas las mujeres del país que, vinculadas a las OSC, buscan acceder a formas de vida dignas mediante alternativas construidas de manera autogestiva.
• Es una alerta federal porque se están limitando los mecanismos para acceder a los recursos públicos que son de todas y todos, especialmente para dar respuesta a las necesidades de la población pobre, marginada y excluida.
• Es una alerta federal porque se limita el acceso a una información veraz, clara y oportuna no condicionada.
• Es alerta federal porque afecta a las defensoras populares de todo el país.
• Es alerta federal porque afecta a quienes viven de los recursos naturales y los defienden.
• Es alerta federal porque la soberanía alimentaria no podrá alcanzarse sin la participación de la sociedad organizada mediante políticas reales de desarrollo social.
• Es alerta federal porque se amenaza la existencia de mecanismos de atención a la salud, la justicia, los derechos sexuales y reproductivos y en general todos los derechos humanos sostenidos por organizaciones sociales y civiles y se niega la participación vinculante de las OSC feministas.
• Es alerta federal porque se amenaza la existencia y el trabajo de muchas organizaciones civiles que han dedicado por años sus esfuerzos a la lucha por un país más digno, justo, equitativo y democrático.

Las integrantes de AGORA FEMINISTA convocamos a todas las organizaciones sociales, civiles y a la ciudadanía en general a sumarse a esta ALERTA FEDERAL hasta conseguir que la voz de la ciudadanía se escuche y se apliquen las medidas necesarias para cubrir los retos y las necesidades de toda la población pero especialmente de aquellos sectores más desprotegidos, despojados y maltratados: las mujeres y la infancia.

Junio, 2014

POR ÁGORA FEMINISTA:

Andrea Medina Rosas, Distrito Federal
Araceli González Saavedra, Xalapa, Ver.
Dulce Vargas López, Morelia, Michoacán
Elizabeth Ferreras Blanco, D.F.
Fanny Dargence González, D.F.
Gisela de Jesús Sánchez Díaz de León, Querétaro
Hilda Salazar Ramírez, D.F.
Imelda Marrulfo, Cd. Juárez Chihuahua.
Isabel Gónzalez Barba, D.F.
Ismene Figueroa López, Hermosillo Son.
Jeanneth Cedillo Alonso, D.F.
Jessica Janeth Ponce Ramírez
Josefina Chávez Rodríguez, D.F.
Julia Pérez Cervera, D.F.
Liseth Alicia Martínez Almanzar, Querétaro.
Lourdes Enríquez, D.F.
Lucero Circe López Riofrío, Morelia, Michoacán.
Lucero González, D.F.
Lucia Melgar, D.F.
Margarita Argott Cisneros, D.F.
Margarita Mora Cantoral, Guanajuato.
María de Jesús Méndez Alvarado, D.F.
María de Lourdes Pérez Oseguera, Puebla.
María del Pilar Delgado Ortiz, D.F.
María del Pilar Sánchez Rivera, D.F.
María del Rocío Corral Espinosa Monsiváis, D.F.
María Elena Ramos Rodríguez, Ciudad Juárez, Chihuahua.
María Luisa Rojas Bolaños, Mérida, Yucatán.
Maria Nela Cuautle Hernández, D.F.
Norma Cano Rojas, Mérida, Yucatán.
Nuria Delgado Ortíz, D.F.
Patricia Esquivel Sánchez, D.F.
Rosalía Cruz Sánchez, Guanajuato.
Sandra Peniche Quintal, Mérida, Yucatán.
Susana Vidales, D.F.
Verónica Cruz Sánchez, Guanajuato.
Verónica Rodríguez López, Chihuahua.
Yolanda Correa Castro, Querétaro.

PERSONAS Y ORGANIZACIONES ADHERENTES:

Addy Laura Pimientel Bárcenas
Aleida Quintana Ordaz
Alicia Leal Puerta
Ana Delia Caldera
Ana Karen López Quintana. Tampico, Tamaulipas
Ana María Salazar Sánchez
Angélica Leticia Reyes Servín
Araceli Rodríguez Morán
Ariana Larrondo de Martino
Bermary García
Carlos Alberto Zetina Antonio
Catalina Castillo
Celina Covarrubias
Clara G. Meyra Segura
Constantina Sánchez Luna
Consuelo Tafoya Guerrero
Cristina Renaud
Dora Ávila Betancourt
Elizabeth Robles Ortega
Esther Casanova Padilla
Francisca Jiménez Barrientos
Frida Hartz
Gabriela Delgado
Ilsa Aguilar Bautista
Jessica Janeth Ponce Ramírez
José Mariano Martínez Moreno
Laura Carlsen
Laura Martínez Rodríguez
Leticia Burgos Ochoa. Sonora
Ma. Concepción Torres Zaragoza
Ma. Teresa Munguía Gil
María Antonia Pérez Sosa
María Antonieta Robles Barja
María Luisa Rojas Bolaños
María Teresa Ulloa Ziaúrriz
Maricruz García Bárcenas
Marilú Servín Miranda
Marta Sánchez Soler
Martha Guadalupe Figueroa Mier
Mayela García
Nora Vargas
Norma Cano Rojas
Pilar Berrios Navarro
Pilar Muriedas
Rosalba Pacheco Leal
Rosalba Zambrano
Rosi Caudillo
Rotmi Enciso
Sonia Lucero Feregrino Gutiérrez
Wendy Haydee Figueroa Morales

ORGANIZACIONES

… y las mujeres qué?, A.C.
ACUDE, A.C.
ADIVAC. A.C.
Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.
Alternativas Pacificas A.C
Angelote, Centro Coeducativo y de Igualdad A.C.
Asociación de Mujeres Organizadas (AMOR). A.C.
Asociación de servicios integrales por la equidad en la sociedad, A. C.
Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas A.C.
Cacto Azul, A.C.
Calmecac, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres lucha Castro.
Centro Las Libres de Información en Salud Sexual, región Centro A.C.
CIDEM, A.C.
CEP-parras, A.C.
Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin A.C. Oaxaca.
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, A.C.
Ciudadanas en Movimiento por la Democracia y Ciudadanía, A.C.
Clínica CIMAS, A.C.
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, A.C.
Colectivo de mujeres por la equidad, la salud y la educación, A.C.
Colectivo Deconstruir para la Igualdad, A.C.
Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, A.C.
Colectivo R.E.D. A.C.
Colectivo Raiz, A.C., Aguascalientes.
Colectivo Sinergia de Yucatán
Comaletzin, A.C.
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.
Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, A.C.
Creser para un Desarrollo Integral, A.C.
Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, S.C.
Defensoras Populares, A.C.
El Deporte como Valor Universal, A.C.
Equifonía, A.C.
Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS) Michoacán.A.C.
Espacio Mujeres Para una Vida Digna libre de Violencia A.C.
Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A.C.
Fundación Raké A.C.
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C.
Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C.
Grupo Feminista 8 de Marzo de Chihuahua
Igualdad y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – IDESCAS, A.C.
Inglobal A.C
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.
Libertad de las Mujeres, A.C.
Movimiento de Unidad Popular
Movimiento Migrante Mesoamericano
Mujer y Medio Ambiente, A.C.
Mujer ZModem, A.C. -Modemmujer, Red Feminista de Comunicación Electrónica
Mujeres Barzonistas: Mineva Maesse
Mujeres Lideres Jóvenes A.C.
Mujeres Revolucionarias de México
Museo de Mujeres Artistas Mexicanas
Organización Popular Independiente, A.C.
Programa Compañeros, A.C.
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Red Nacional de Refugios, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez, A.C.
Salud y Género de Querétaro, A.C.
Servicio Desarrollo y Paz A.C. -SEDEPAC-.
Servicios Educativos y Promoción Familiar, A.C.
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C.
Si hay Mujeres en Durango, A.C.
Taller de Desarrollo Comunitario, A.C.
Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C.
Teatro Cabaret Reinas Chulas, A.C.
TEKEI Grupo Interdisciplinario por la Equidad, A.C.
Tianguis Indígena Multicultural, A.C.
Tierra Colectiva: Ciudadanía, Género y Medio Ambiente, A.C.
UNASSE A.C.
Veredas, A.C.
Yaotlyaocihuatl Ameyal, A.C.

POSICIONAMIENTO PÚBLICO de la Agenda Feminista de Jalisco RESPECTO DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA

Quienes conformamos La Agenda Feminista de Jalisco (AFJ), el Centro Feminista de defensa de los derechos de las mujeres “Leticia Galarza Campos (CEFEM, A.C.), El Círculo de estudios feminista “Las irreverentes”, El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (DDESER) El Colectivo ¡Queremos seguir vivas!, El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el colectivo, Yocoyani A.C.,
Queremos fijar POSICIONAMIENTO PÙBLICO DE RECHAZO TOTAL, respecto de las declaraciones lesbo y homofóbicas, además de misóginas, del presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, el senador por Jalisco: José María Martínez Martìnez.
El Senado de la República mexicana instaló el día 13 de junio del 2014 la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano cuyo objetivo es: “Trabajará a favor de defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de las familias, en coordinación con diversas instituciones públicas, sociedades civiles y sociedad en general, con el propósito de sumar esfuerzos para lograr atender las necesidades de las familias mexicanas”.
Sin embargo, el senador C. José María Martínez Presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República y Jorge Luis Preciado presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado han dicho abiertamente comentarios discriminadores, homofóbicos, gregarios y que lesionan los derechos de las y los mexicanos lesbianas, homosexuales, y mujeres que ejercen el derecho de decidir sobre su propio cuerpo.
Los argumentos esgrimidos en el evento inaugural muestran la visión con la que funcionará dicha Comisión, la cual no está contemplando los Tratados Internacionales en materia de Derechos de las mujeres y de las personas lesbianas y homosexuales que vincula al Estado mexicano a cumplir a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior tiene que ver con la instalación de la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, presidida por José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional, quien ha dicho que las uniones entre personas del mismo sexo “son una moda” y que defenderán como grupo que el gobierno federal y los estatales no avancen en propuestas legislativas encaminadas a permitir la interrupción legal del embarazo o las uniones entre personas del mismo sexo.
Declaraciones que nos parecen totalmente inadmisibles, considerando que tales avances democráticos, se han logrado como resultado de procesos sociales, culturales y políticos que devienen de una realidad, que de ninguna manera constituye “una moda”.
Por lo anterior, hemos presentado formal queja en CONAPRED señalando a los citados Senadores como los responsables de promover un discurso de odio Contra las mujeres y las familias integradas por dos personas del mismo sexo.
MANIFESTAMOS nuestro rechazo total a que el Senado de la República avale el trabajo de Senadores que anuncian acciones encaminadas a revertir avances legislativos a favor del derecho a decidir de las mujeres, de la interrupción legal del embarazo, la unión civil entre personas del mismo sexo, entre otros avances democráticos alcanzados.
RECHAZAMOS la representatividad por Jalisco del Senador Panista JOSÈ MARÌA MARTINEZ y DENUNCIAMOS la profunda ignorancia, misoginia y lesbo y homofobia de su representación en el senado.
EXIGIMOS que el Senado de la República y el CONAPRED, actúen en consecuencia y llamen a cuentas al Senador Panista JOSÈ MARÌA MARTINEZ quien incita al odio social y la estigmatización de grupos y personas históricamente excluidas y excluidos de las políticas públicas y que históricamente también, han vivido y sufrido discriminación sistemática, que ahora se quiere institucionalizar a través de una Comisión de la familia, con recursos y presupuestos públicos.
______________________________________@@@@@@@@____________________________
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

 Porque las familias en México son tan diversas como las personas mísmas presento algunas fotos con algunas familias mexicanas a continuación.

Todas estas son familias

Porque esta no es una moda

“Investigación Feminista. Epistemología, Metodología y Representaciones Sociales”

Es un libro que constituye una aportación muy importante para el pensamiento feminista, que además se convierte en referente obligado para investigadoras, investigadores estudiantes y docentes, afirmó la investigadora Olga Bustos en su presentación el la UNAM el 22 de Septiembre del 2010 dónde fue calificado por la comunidad académica como un aporte en materia de investigación feminista, que tiene como fin ofrecer nuevos acercamientos al  pensamiento, discurso y afectividad de las mujeres, la obra se divide en tres secciones con un total de 17 artículos de reconocidas investigadoras feministas, de diferentes áreas del conocimiento procedentes de México, Cuba, Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos.

En el texto, se sostiene que hay que utilizar la técnica adecuada para emprender una investigación feminista ya que no mira la realidad de la misma manera una persona que es insensible a la problemática de las relaciones entre los géneros, refirió Olga Bustos y afirmó que otro aspecto importante en el libro es que se da cabida a la disertación entre las metodologías cuantitativas y cualitativas pues ambas pueden contribuir  a los estudios de género feministas. “Es un referente obligado para las personas que nos dedicamos a la docencia y a la investigación pero también por el estudiantado que tiene interés en hacer investigación en las diferentes áreas desde la perspectiva de género”, subrayó la investigadora.

Para la investigadora, Elsa Guevara, el documento nace del trabajo de tres años y condensa los debates más actuales sobre las epistemologías y metodologías feministas, convirtiéndose también en un referente importante para quienes no comparten el horizonte político del feminismo, “Toda vez que responde a muchas interrogantes que desde hace años rondan el debate académico sobre el tema, para todas y todos ellos este libro será de gran utilidad”, abundó.

La directora del CEIICH, agregó que a lo largo del documento la política siempre está presente pues el largo y sinuoso camino que han tenido que recorrer las mujeres para acceder al mundo de la ciencia, y los desafíos que deben enfrentar por su condición de género, han obligado a la revisión crítica de sus postulados y a plantear nuevas y novedosas formas de hacer investigación. Incluso en disciplinas que suponen un marco de estudio “propio de las mujeres” como la psicología y antropología”, donde por décadas se silenció la voz y la experiencia de las mujeres, enfatizó Elsa Guevara.

El libro se divide en tres apartados; Epistemología y crítica de la investigación feminista, Metodología de la investigación feminista, y Representaciones sociales y género. Y las investigadoras y compiladoras del documento: Norma Blázquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo, publicado por Universidad Nacional Autónoma de México, Coedición Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades- Facultad de Psicología y forma parte de la colección "Debate y Reflección" como el tomo número 27. 

http://www.crim.unam.mx/drupal/?q=node/995

"Hacia una reforma escandalosa" MARTA LAMAS

15 DE JUNIO DE 2014
Para María Elena Chapa, incansable luchadora.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A lo largo de los últimos años, el debate mundial en torno al aborto ha esclarecido ciertos aspectos clave del proceso de desarrollo neurológico del ser humano, desarmando las definiciones ideológicas de “vida”. La sofisticación científica de tal discusión no ha logrado penetrar la coraza del Vaticano, con lo cual los políticos que siguen sus preceptos se mantienen aferrados a la cantinela de “protección a la vida”. De ahí que se haya recrudecido el fundamentalismo religioso entre muchos de nuestros legisladores.

En Nuevo León se debate en estos días una iniciativa para reformar la Constitución local en los siguientes términos: “El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León”.

¡Zas! Se “reputa como nacido” al embrión. Como ha señalado Regina Tamés, de GIRE, la iniciativa contraviene los estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos: la reforma a nuestra Constitución sobre derechos humanos que se hizo en 2011, y la sentencia de 2012 de la CIDH donde estableció jurisprudencia (Caso Artavia Murillo) relativa a que el embrión no es persona, supuesto básico necesario para hablar de titularidad de derechos humanos. Es realmente escandaloso que el Congreso de Nuevo León fundamente una iniciativa de reforma desconociendo tales resoluciones.

Esta pretendida reforma se sumaría a las de 16 estados de la República que han hecho otro tanto con el fin de proteger la vida desde el momento de la concepción o fecundación, lo cual no ha protegido a ninguna persona, sino que, al contrario, ha criminalizado a cientos de mujeres. Según GIRE, una protección genuina de la vida prenatal implicaría legislar en el sentido de proteger la vida en gestación sin desconocer ni afectar desproporcionadamente los derechos humanos de las mujeres, adoptando medidas como: “garantizar el acceso y prestación de servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio (por ejemplo, ya no más mujeres pariendo en la calle), y proveer a las mujeres en edad reproductiva y a las embarazadas de los nutrientes y alimentos necesarios.

“Se sabe que la anemia representa una causa subyacente de mortalidad materna y perinatal, y en la actualidad la prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil es de 17.0% entre las embarazadas y de 11.5% en las no embarazadas. Con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012), los grupos de edad más afectados por la anemia fueron el de 12 a 19 años (19.6%) y el de 30 a 39 (19.0%) en las embarazadas, y los de 40 a 49 (16.2%) y de 30 a 39 años (13.3%) en las no embarazadas”. Al asegurar la atención médica prenatal habría que garantizar la provisión gratuita y suficiente de ácido fólico a las mujeres.

Subraya GIRE también la importancia de reducir la mortalidad materna mediante cuidados durante el embarazo, y da los siguientes datos: En nuestro país, de 1990 a 2011 fallecieron 28 mil 42 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio. En 2012, 6.9% de las muertes maternas fue de mujeres sin acceso a educación; 14.7% no tenía seguridad social y 55% contaba con Seguro Popular. El 11% no recibió control prenatal durante el embarazo.

En concreto, Nuevo León ocupó, en 2012, el número 12 entre los estados de México con el mayor número de muertes maternas, de las cuales 13.6% eran mujeres menores de 19 años; 13.6% no tenían seguridad social; 36.4% contaban con Seguro Popular. El 4.5% de ellas no dispuso de control prenatal durante el embarazo. Las muertes maternas por aborto en la entidad representan 13.6%, por encima del 8.2% en que se encuentra el promedio nacional.

Una verdadera “protección a la vida” conllevaría la realización de ese tipo de medidas positivas, con el objetivo de reducir los índices de mortalidad materna y combatir la violencia obstétrica.

Una de las tradiciones de nuestro sistema político es el federalismo. Sin embargo, a partir de las disputas producidas en torno al aborto parecería que dicho federalismo resulta ser un obstáculo para el cumplimiento de los derechos humanos. No es un Congreso estatal el que puede establecer por su cuenta el límite y contenido de los derechos humanos. Por ello GIRE considera que, de conformidad con las obligaciones incluidas en el artículo 1º de la Constitución y con la interpretación del artículo 4.1 de la CADH, establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pleno del Congreso del estado de Nuevo León debería rechazar dicha iniciativa.

Hace años, el entonces gobernador priista de Nuevo León, Natividad González Parás, fiel a la tradición liberal de su partido, vetó una iniciativa similar. Sin embargo, hoy los priistas, impulsados por el PAN, parecen decididos a resbalar al precipicio de la incongruencia.

Comisión de Familia y Desarrollo Humano viola la Constitución

Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 17/06/2014
Violando las normas en materia de Derechos Humanos (DH), el pasado 12 de junio el Senado instaló la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, presidida por el panista José María Martínez e integrada por legisladores de las principales fuerzas políticas, con el fin de frenar las iniciativas que promuevan la interrupción legal del embarazo y las uniones entre parejas del mismo sexo.
La Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano se creó el pasado 25 de febrero por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, y se instaló apenas este 12 de junio, justo en momentos en que en estados como Guerrero y Nuevo León se debaten propuestas para despenalizar el aborto y “proteger la vida desde la fecundación”, respectivamente.
En opinión de Aidé García, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la creación de esa comisión vulnera el artículo primero constitucional en materia de DH, así como el artículo 40 sobre la laicidad del Estado mexicano, y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de matrimonio e interrupción del embarazo.
La activista lamentó que se cree esta comisión, cuya agenda es religiosa. “Nos parece grave que todo el Senado sea cómplice, que en este país se formen estructuras de Estado que vayan en contra de los Derechos Humanos, y que ningún diputado de izquierda o progresista hayan dicho nada”, criticó.
Y es que en esta instancia participan todos los partidos: de Acción Nacional (PAN), José María Martínez; del Revolucionario Institucional (PRI), Lisbeth Hernández Lecona; del de la Revolución Democrática (PRD), Adolfo Romero Lainas; del Verde Ecologista de México (PVEM), Ninfa Salinas Sada, y del Trabajo (PT), Martha Palafox Gutiérrez.
De acuerdo con el documento de presentación de la comisión, las fuerzas políticas están convencidas del gran reto que tiene la familia en su tarea de comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios, para la formación y perfeccionamiento de las personas y la sociedad.
“Los integrantes de esta comisión estamos convencidos de que la familia debe cooperar con el Estado y la sociedad civil organizada en la conservación del orden en la sociedad, orientando y educando social y políticamente a sus integrantes”.
Por lo pronto la agenda planteada es revisar el marco normativo y las políticas relacionadas con la protección y el desarrollo de la familia, así como elaborar investigaciones, foros y documentos que sean alternativas eficaces en el diseño de políticas públicas que tutelen la reunificación familiar y el desarrollo humano integral.
Al respecto, Aidé García dijo que desde CDD, organización que promueve la maternidad libre y voluntaria, es grave la aceptación de esta agenda y se dijo sorprendida de que sea apoyada por partidos de izquierda como PRD y PT.
“Al PAN ya lo conocemos, que es conservador y va a estar con la agenda de la jerarquía católica, pero también ellos han sido elegidos para hacer políticas públicas a favor de la diversidad que los votó”, aclaró.
No obstante, la activista consideró que hay senadoras y senadores sensibles a los derechos femeninos que deberían tomar una posición al respecto. Por lo pronto mencionó que es necesario que los partidos expliquen a la ciudadanía las razones para apoyar a esta comisión.

firma peticion;Para exigir la disolución de la "comisión de la familia"
http://www.change.org/es-LA/peticiones/no-somos-moda-ni-veh%c3%adculo-reproductivo-disoluci%c3%b3n-de-la-comisi%c3%b3n-de-la-familia-senadomexicano?recruiter=9168142&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_mobile

La situación de violencia y discriminación a mujeres en México es Alarmante

En México la situación de violencia y discriminación contra las mujeres es alarmante, pues sigue agravándose frente a la ausencia de políticas públicas adecuadas que aborden de manera integral y con perspectiva de género problemáticas estructurales que subsisten en el país.
Deseamos advertir que México, la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes es una problemática estructural arraigada en un sistema patriarcal de profunda desigualdad. La militarización ha agravado esta situación provocando un aumento de la violencia, afectando con particular gravedad a las mujeres de todas las edades. Aunado a ello, el alto nivel de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres participa en su reproducción, perpetuación y aceptación social.
México cuenta con un marco legal amplio tanto a nivel estatal y federal, ha ratificado múltiples convenciones internacionales encaminadas a la eliminación de la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. Sin embargo las deficiencias normativas y la falta de coordinación entre las instituciones y la falta de un presupuesto suficiente y etiquetado no han permitido la implementación satisfactoria de este marco.
La manifestación más visible de esta situación es el aumento alarmante de los índices de feminicidios en todo el país. Como ejemplo mencionemos que en Oaxaca, Organizaciones de la Sociedad Civil han documentado un aumento de 300% de feminicidios durante los 2 primeros meses del 2014, en comparación con el mismo periodo el año anterior, mientras que en el estado de Chihuahua en el 2014 han sido registrados 27 casos de feminicidio. En muchos de estos casos, los feminicidios han sido en contra de niñas y mujeres adolescentes.
Por otra parte, se estima que a la fecha alrededor de doce mil mujeres se encuentran privadas de la libertad, lo que implica que es el séptimo país con más mujeres en prisión a nivel mundial. De un total de más de 400 centros penitenciarios, sólo doce son exclusivos para mujeres.
La garantía de los derechos humanos de las mujeres indígenas presenta rezagos significativos respecto de otros grupos poblacionales y el acceso a la justicia no es la excepción; ser mujer y ser indígena en México sigue implicando dificultades materiales específicas al momento de acudir a las instancias de justicia, al igual que otros países de América Latina, tanto en el marco de los sistemas normativos indígenas como en el marco del sistema de justicia estatal.
A partir de la aprobación en varios estados de las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción en 2008, la criminalización de mujeres por el delito de aborto ha aumentado. Durante el período 2009 – 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto. Ello implica un incremento significativo, ya que de 1992 a 2007 fueron en promedio 62 mujeres denunciadas y/o procesadas.  Es decir, en el comparativo entre ambos períodos, un promedio de 163.8 mujeres más son denunciadas cada año. Lo anterior resulta preocupante en un país donde la tercera causa de mortalidad materna es el aborto.
Dadas las restricciones legales y el escaso acceso al aborto, las mujeres están en riesgo de ser procesadas y sentenciadas por “cometer” el delito de aborto, incluso cuando se encuentran en alguna de las causales legales o se trata de aborto espontáneo. Se han registrado  34 casos y documentado  10 por parte de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en el periodo que va de junio de 2011 a marzo de 2014, de mujeres sujetas a procesos penales por el delito de aborto.
Sobre la política implementada en materia de una vida libre de violencia para las mujeres en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 y su Reglamento, contienen un novedoso mecanismo denominado alertas de violencia de género (AVG) para enfrentar la violencia feminicida.
Del 2008 hasta la fecha, se ha solicitado ocho veces dicha alerta en el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y Chiapas. Sin embargo, desde su existencia nunca se ha emitido a pesar de las solicitudes, aún con nuevos procedimientos anunciados a principios de 2014.
Tan solo durante 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó 242 agresiones contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en el país, en el cual se registra que existe un 97% de impunidad en los casos. Tan sólo en el primer trimestre de 2014, la RNDDHM registró 41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como 6 agresiones contra sus organizaciones. Dicho esto, es importante señalar  el subregistro existente, en la medida en que en muchas ocasiones las mujeres defensoras y periodistas s no denuncian las agresiones y amenazas que enfrentan.
México sigue siendo un país de contrastes, en el que los avances normativos que se difunden y la creación de instituciones gubernamentales que se promocionan por parte de las autoridades coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de derechos humanos y altos índices de corrupción e impunidad, en el cual las mujeres enfrentan mayores riesgos y obstáculos.
La vigencia de los derechos humanos no se agota con reformas legales a nivel federal que incorporen en el discurso la perspectiva de género.  La situación de los derechos humanos de las mujeres en México sólo puede entenderse a cabalidad mirando la crisis permanente que enfrentan las mujeres en los estados, particularmente aquellos más pobres y más violentos.

Datos tomados del comunicado de varias organizaciones sociales el 14 de Mayo de este año al conocer que se llevaría a cabo cabo en Pachuca, Hidalgo, el evento “La Convención de Belém do Pará y la prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro”. Para conocer el comunicado y las asosiaciones firmantes ver: http://www.diarioaxaca.com/capital/7-capital/65727-alarmante-situacion-de-violencia-y-discriminacion-vs-mujeres-y-defensoras-osc-feministas-y-defensoras-de-dh

Convocatoria Urgente

Compañeras,

Como ustedes saben los derechos de las mujeres neolonesas están en riesgo de ser vulnerados, toda vez que se ha votado, en primera vuelta, la reforma constitucional que pretende limitar sus DDHH.

Ante ello es necesario mostrar nuestro apoyo y manifestarnos en todas las entidades en que el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y la Salud de las Mujeres tiene presencia desde hace ya casi 5 años.

Convocamos a realizar una acción simultánea el martes 3 de junio a las 13 horas en los Congresos estatales,
en el Distrito Federal nos reuniremos
frente a la representación del estado de Nuevo León
(5 de Mayo esquina Filomeno Mata, Centro Histórico).

¡No falten, es necesario evitar que la reforma sea aprobada en la siguiente votación!


Atentamente
Julia Escalante De Haro
Comisión de Comunicación Interna

Avanza iniciativa para criminalizar aborto en Nuevo León     Por Cimac Noticias fecha mayo 30, 2014
Por Anaiz Zamora Márquez y Anayeli García Martínez

(30 de mayo, 2014).-Este miércoles el Congreso de Nuevo León (NL) aprobó en primera instancia, una reforma al artículo primero de la Constitución estatal para instaurar el “derecho a la vida desde el momento de la fecundación”, lo que para grupos feministas es una forma de criminalizar a las mujeres.

Organizaciones como Arthemisas por la Equidad, Diversitas, Familias Diversas de Monterrey, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Tertulia Feminista, denunciaron en un comunicado que se apresuró la aprobación de la iniciativa del legislador por el Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Treviño.

Según las agrupaciones, no hubo un debate previo con expertas por lo que dijeron que es prioritario crear mecanismos para la prevención de embarazos no planeados, en lugar de criminalizar a las mujeres cuando deciden libremente sobre su cuerpo y su maternidad.

Al respecto, la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, destacó que el Congreso de NL en realidad no busca proteger la vida desde la concepción, sino criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo incluso si se trata de un aborto espontáneo.

En entrevista con Cimacnoticias, Tamés consideró que esta aprobación es parte de la “esquizofrenia” que se vive en México, pues por un lado existe el compromiso de reducir la muerte materna pero por otro se detienen iniciativas que buscan generar mejores condiciones de salud para las mujeres.

Indicó que la iniciativa en NL refleja el desconocimiento de las y los legisladores sobre los compromisos internacionales signados por México y la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, que indica que estos tratados son de carácter obligatorio independientemente de la entidad federativa.

Es de recordar que a partir de 2008 a la fecha, 17 estados –por iniciativa de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, con el visto bueno de la Iglesia católica y grupos Provida– han reformado sus constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que ha derivado en el encarcelamiento de mujeres por interrumpir un embarazo.

De confirmarse la reforma en NL, esta entidad sería la número 18 en el país con una modificación constitucional para impedir que se despenalice el aborto, tal y como ocurrió en el DF en 2007.

INMUJERES se deslinda

Por separado, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, aseguró en breve entrevista que desde esa instancia se está “trabajando por el derecho a decidir de las mujeres”.

En ese sentido, dijo que al analizar legislaciones que afectan los derechos femeninos se tiene que consultar la opinión de las mujeres “para no tomar decisiones unilaterales”, no obstante adelantó que por el momento no realizará algún llamado al Congreso neoleonés, ni pedirá la realización de foros o consultas al respecto.

Al ser una reforma constitucional en el estado, se necesita de dos votaciones. En un primer momento, la reforma obtuvo 33 votos a favor de PRI y PAN y seis en contra de PRD, PT y Nueva Alianza.

Así que en la segunda votación la iniciativa deberá tener al menos 28 sufragios favorables (mayoría calificada con los votos de las dos terceras partes del Congreso, integrado por 42 legisladores). El trámite está previsto para junio próximo en un eventual periodo extraordinario de sesiones.

Foto: Sopitas