En México la situación de violencia y discriminación contra las mujeres es alarmante, pues sigue agravándose frente a la ausencia de políticas públicas adecuadas que aborden de manera integral y con perspectiva de género problemáticas estructurales que subsisten en el país.
Deseamos advertir que México, la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes es una problemática estructural arraigada en un sistema patriarcal de profunda desigualdad. La militarización ha agravado esta situación provocando un aumento de la violencia, afectando con particular gravedad a las mujeres de todas las edades. Aunado a ello, el alto nivel de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres participa en su reproducción, perpetuación y aceptación social.
México cuenta con un marco legal amplio tanto a nivel estatal y federal, ha ratificado múltiples convenciones internacionales encaminadas a la eliminación de la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. Sin embargo las deficiencias normativas y la falta de coordinación entre las instituciones y la falta de un presupuesto suficiente y etiquetado no han permitido la implementación satisfactoria de este marco.
La manifestación más visible de esta situación es el aumento alarmante de los índices de feminicidios en todo el país. Como ejemplo mencionemos que en Oaxaca, Organizaciones de la Sociedad Civil han documentado un aumento de 300% de feminicidios durante los 2 primeros meses del 2014, en comparación con el mismo periodo el año anterior, mientras que en el estado de Chihuahua en el 2014 han sido registrados 27 casos de feminicidio. En muchos de estos casos, los feminicidios han sido en contra de niñas y mujeres adolescentes.
Por otra parte, se estima que a la fecha alrededor de doce mil mujeres se encuentran privadas de la libertad, lo que implica que es el séptimo país con más mujeres en prisión a nivel mundial. De un total de más de 400 centros penitenciarios, sólo doce son exclusivos para mujeres.
La garantía de los derechos humanos de las mujeres indígenas presenta rezagos significativos respecto de otros grupos poblacionales y el acceso a la justicia no es la excepción; ser mujer y ser indígena en México sigue implicando dificultades materiales específicas al momento de acudir a las instancias de justicia, al igual que otros países de América Latina, tanto en el marco de los sistemas normativos indígenas como en el marco del sistema de justicia estatal.
A partir de la aprobación en varios estados de las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción en 2008, la criminalización de mujeres por el delito de aborto ha aumentado. Durante el período 2009 – 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto. Ello implica un incremento significativo, ya que de 1992 a 2007 fueron en promedio 62 mujeres denunciadas y/o procesadas. Es decir, en el comparativo entre ambos períodos, un promedio de 163.8 mujeres más son denunciadas cada año. Lo anterior resulta preocupante en un país donde la tercera causa de mortalidad materna es el aborto.
Dadas las restricciones legales y el escaso acceso al aborto, las mujeres están en riesgo de ser procesadas y sentenciadas por “cometer” el delito de aborto, incluso cuando se encuentran en alguna de las causales legales o se trata de aborto espontáneo. Se han registrado 34 casos y documentado 10 por parte de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en el periodo que va de junio de 2011 a marzo de 2014, de mujeres sujetas a procesos penales por el delito de aborto.
Sobre la política implementada en materia de una vida libre de violencia para las mujeres en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 y su Reglamento, contienen un novedoso mecanismo denominado alertas de violencia de género (AVG) para enfrentar la violencia feminicida.
Del 2008 hasta la fecha, se ha solicitado ocho veces dicha alerta en el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y Chiapas. Sin embargo, desde su existencia nunca se ha emitido a pesar de las solicitudes, aún con nuevos procedimientos anunciados a principios de 2014.
Tan solo durante 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó 242 agresiones contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en el país, en el cual se registra que existe un 97% de impunidad en los casos. Tan sólo en el primer trimestre de 2014, la RNDDHM registró 41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como 6 agresiones contra sus organizaciones. Dicho esto, es importante señalar el subregistro existente, en la medida en que en muchas ocasiones las mujeres defensoras y periodistas s no denuncian las agresiones y amenazas que enfrentan.
México sigue siendo un país de contrastes, en el que los avances normativos que se difunden y la creación de instituciones gubernamentales que se promocionan por parte de las autoridades coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de derechos humanos y altos índices de corrupción e impunidad, en el cual las mujeres enfrentan mayores riesgos y obstáculos.
La vigencia de los derechos humanos no se agota con reformas legales a nivel federal que incorporen en el discurso la perspectiva de género. La situación de los derechos humanos de las mujeres en México sólo puede entenderse a cabalidad mirando la crisis permanente que enfrentan las mujeres en los estados, particularmente aquellos más pobres y más violentos.
Datos tomados del comunicado de varias organizaciones sociales el 14 de Mayo de este año al conocer que se llevaría a cabo cabo en Pachuca, Hidalgo, el evento “La Convención de Belém do Pará y la prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro”. Para conocer el comunicado y las asosiaciones firmantes ver: http://www.diarioaxaca.com/capital/7-capital/65727-alarmante-situacion-de-violencia-y-discriminacion-vs-mujeres-y-defensoras-osc-feministas-y-defensoras-de-dh
