Por Sara Lovera
La conmemoración anual del 8 de marzo cuyo carácter es universal desde la primera década del siglo XX no obedece a un hecho aislado. La creencia de que se escogió por el “sacrificio de las trabajadoras” ha sido develada y derribada por las historiadoras feministas.
Se eligió para mantener una jornada de reflexión y lucha, para pensar, para organizarse, para analizar el entorno político y contextual de cada país, cada momento y para evaluar el estado de la traída y llevada democracia.
El 8 de marzo, propuesto por la alemana Clara Zetkin, se inscribe en un contexto rico y complejo de acontecimientos políticos internacionales que fueron examinados por la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas y Comunistas realizada en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 1910, en dónde estas mujeres, intelectuales y trabajadoras valoraron con visión de futuro, la importancia de la participación femenina en la política, en la toma de decisiones, para el arreglo del desastre en manos de los hombres.
En 1910 el escenario era elocuente. Estaba a punto de suceder la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la lucha universal por el sufragio femenino, las pugnas entre socialistas y sufragistas, además del creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo XX en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Durante mucho tiempo se quiso ocultar el origen del 8 de marzo, para arrancarnos una conmiseración sobre los sacrificios de las mujeres obreras, cuando en realidad el Día Internacional de la Mujer surge para hacer propaganda a favor del sufragio femenino, para defender los derechos laborales de las trabajadoras y manifestarse contra la guerra. Tres elementos sustantivos, todavía vigentes.
Y 103 años después de aquella Conferencia de Socialistas, hay quienes nos dan flores como si el día de la mujer fuera una festividad comercial o de reconocimiento de un día, como el día de las madres, o de las comadres.
Más de cien años de reclamo y acción en favor del reconocimiento, ese sí, al valor de la palabra femenina, de su bagaje de conocimientos para hacer de las democracias occidentales una forma de vida y de relación social humana y justa, es todavía difícil de comprender por el poder y por quienes desde su atalaya se resisten a considerar a las mujeres como seres humanos completos.
Todo esto por la conmemoración. Por la jornada que se avecina llena de discursos y promesas vacías, por ese afán de manipular y engañar. Increíble, en México está a debate la ciudadanía femenina, la iniciativa para la paridad en los procesos electorales propuesta por el Grupo Plural de Mujeres, sigue dormida en el Congreso y este año amanecimos con la intensión de los gobernantes, de la federación y de las entidades de la República, de reducir los presupuestos para el avance de las mujeres.
Nos colocaron frente a la intentona del nuevo régimen de disminuir la calidad y tarea de las instituciones creadas para fortalecer el liderazgo femenino y me temo que pronto sabremos que los partidos políticos no destinaron el dos por ciento de sus recursos a esa tarea, tal como fueron sentenciados por el Tribunal Electoral el año pasado y veremos hasta donde son capaces de maniobrar para evitar la llegada de más y más mujeres a los puestos de decisión.
Por ello vale mucho la pena contar que al menos el Instituto Electoral de Zacatecas, que acaba de editar una guía ciudadana para ejercer los derechos políticos y electorales de las mujeres, es una muestra del interés que todos los órganos electorales debían hacer. Porque son esos órganos los llamados a velar por el Estado de Derecho para las ciudadanas mexicanas. La guía, que muestra y orienta el camino a las mujeres, se suma a un sinnúmero de esfuerzos por hacer realidad las normas, que frecuentemente son violentadas por los dueños de los partidos políticos. No es un asunto de oportunidades sino de derechos.
Este año habrá elecciones en 14 entidades de la República. Según mis propias cuentas se repartirán, vía el voto directo y ciudadano 2 mil 149 puestos de representación popular, de ellos 409 diputaciones son locales, mil 348 presidencias municipales, 391 presidencias de comunidad sólo en Tlaxcala y una gubernatura en Baja California.
Todas las elecciones se realizarán el 7 de julio. Ahora mismo en cada entidad donde habrá elecciones ya los partidos políticos nacionales y algunos locales se aprestan para construir mecanismos para elegir sus candidaturas.
Las mujeres tendríamos que estar ahí, exigiendo el derecho, el cumplimiento de los estatutos partidarios, concursando para estar en las listas, haciendo programas de gobierno para enderezar al país, todas levantadas para todos los pendientes de la agenda de las mujeres, discutida en aquella Conferencia de Socialistas, peleada en todos los foros internacionales y construida con todas las necesidades de la mitad de la población.
Pero ¿qué sucede? que la ciudadanía femenina está restringida. Por una parte están los derechos, ahora perfectamente inscritos en la Constitución (artículos 1º, 2º, 3º, y 4º), en el mandato general de que nos deben dar recursos para ello, en la obligación adquirida en los foros internacionales para promover los liderazgos femeninos, en las garantías individuales y colectivas, en el famoso llevado y traído, violado y maltratado estado de Derecho.
La guía a que me refiero, escrita por Alicia Villaneda, para su divulgación general por acuerdo del Instituto Electoral de Zacatecas, cuya consejera presidenta es Leticia Catalina Soto, enmarcada con imágenes producidas artísticamente por la caricaturista Martha Barragán, muestra el sentido de la apuesta de mujeres zacatecanas quienes fueron las primeras mexicanas (1824) en reclamar al gobierno de la independencia sus derechos, es, como otros muchos esfuerzos, una nueva reiteración de que las resistencias son contrarias a los discursos que derramarán miel y promesas este 8 de marzo.
La peor de las manipulaciones que yo conozca. Porque en este país de la impunidad y la violación a la ley, no existe la voluntad política para incluir a las mujeres. La impunidad rodea el acontecer cotidiano donde el feminicidio se yergue como evidencia de discriminación y exclusión de las mujeres, como muestra del fracaso de las también llevadas y traídas políticas públicas: donde el sistema de justicia deja libres a violadores, asesinos y hostigadores de mujeres; en el que él órgano encargado de los Derechos Humanos permite que sus funcionarios abusen de las mujeres, sin rendirnos cuentas. Un sistema de simulación. Ya se verá en los discursos, otra vez reafirmando que las mujeres son las responsables de sus familias, “los ángeles del hogar”, y que reafirma y revictimiza a la mitad de la población, colocándola en el papel construido ideológicamente en el siglo XIX.
Hecha la ley, hecha la trampa como dijo en Zacatecas la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes García, quién sin mencionarlo decía en subtexto que en los procesos electorales en marcha, los dirigentes de los partidos políticos harán lo imposible por no cumplir con sus estatutos y en muchos casos con las leyes electorales que deben garantizar, al menos un 40 por ciento de mujeres.
Ellos dicen: “las mujeres no quieren” mientras que decenas de ellas si quieren y tienen que recurrir a los tribunales cuando las trampean; buscan cómo en la práctica no pueden hacer la doble jornada; ya no se agachan y lloran por ser exclusivamente madres y quieren quitarse el peso de las responsabilidades familiares que las atan.
El peor de los casos, dijo ahí la ex candidata presidencial, Patricia Mercado, es el tema de los ayuntamientos, donde las mujeres no llegan ni al siete por ciento de los más de dos mil 500 municipios; y nada parece alterar las conciencias de los gobernantes que dejan hacer.
Si hubiera un estado de Derecho, al analizar los gastos de los partidos, al menos dos perderían el registro: Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, que estoy cierta, aunque no sé si se podrá documentar, no se aplicó el dos por ciento para capacitar a sus militantes femeninas. Y otros partidos procuraron “cumplir” sin dar poder real a sus seccione de género, a sus militantes.
Sus representantes populares conspiran con las libertades femeninas, al cuerpo (el asunto del aborto), al trabajo (que han de mediar con la tarea doméstica), a los derechos al menospreciar la ley, a la discriminación (argumentando la ley natural); al reconocimiento (promoviendo sólo excepciones) y por supuesto a considerarnos menores e incapaces. La ideología subrayada en las aulas, en los templos y en los medios de comunicación. Y no saben que sí, que las mujeres, muchas de ellas, quieren el poder. Y lo quieren, como diría una brillante feminista, para poder hacer.
Este 8 de marzo habría que exigir al gobierno federal que se defina. Que ponga cartas sobre la mesa, en lugar de ocultar y manipular la información. Hasta ahora poco se sabe y difunde qué está haciendo el instituto Nacional de las Mujeres; nadie se ha hecho cargo de la disminución de funcionarias públicas, proceso de paridad que había avanzado, por ejemplo en el Distrito Federal y en el Gobierno Federal, ahora reducido en 60 por ciento, es decir, vamos para atrás.
Tampoco hemos visto una cruzada nacional para detener las muertes evitables, como la muerte materna, aborto inducido o cánceres femeninos. Y los partidos son responsables de que miles de mujeres indígenas, campesinas o urbanas pobres no tengan su tarjeta de elector, su acta de nacimiento y a falta de orientación, información y educación, desconozcan sus derechos.
La realidad indica que las mujeres comprometidas con los derechos de las mujeres, esa muestra que dieron nuestras antepasadas para poner el énfasis de estos derechos cada 8 de marzo, tienen hoy el compromiso de imponer el Estado de Derecho y hacer exigibles todos los derechos de las mujeres, pospuestos una y otra vez. Hacerlo de frente y sin ambages, con todas las palabras.
Veremos.
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