En 2009 el gobierno del estado de Puebla, encabezado por Mario Marín Torres, destinó 77 millones de pesos a la compra de métodos anticonceptivos, una cifra que no tiene parangón con gasto estatal alguno y que además representó un incremento del 704 por ciento con respecto al 2008, y de eso no hay documento que prueben el gasto: ni facturas, ni recibos de ingreso a las bodegas de la Secretaría de Salud de Puebla.
Coincidentemente ese año se celebró en Puebla el proceso electoral intermedio en donde se renovaron presidencias municipales y Congreso, unas elecciones en las que el PRI arrasaría con sus adversarios obteniendo carro completo.
En julio de 2009, una semana después de la jornada electoral, fue nombrado como titular de la secretaría de Salud Alfredo Arango García, quien al término del sexenio sería acusado de “enriquecimiento inexplicable” y encarcelado en el penal de San Miguel, el penal estatal.
De acuerdo con versiones periodísticas, la llegada de Arango García a la dependencia se produjo después de que su predecesor, Antonio Marín y López se había negado a apoyar al PRI en el proceso electoral de ese año.
Fuentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consultadas bajo la reserva del nombre, aseguran que la instrucción desde al menos dos años antes fue de juntar recursos para la campaña electoral de 2010, cuando se definió al sucesor de Mario Marín Torres, pero que este recurso finalmente no llegó a los operadores políticos.
En 2012, ya en el sexenio de Rafael Moreno Valle, la dependencia reconocería a una solicitud de información que presentó Lado B, que no encontraron en sus archivos huella de los documentos que comprueben que en 2009 ingresaron a las bodegas de la dependencia los 3.5 millones de condones y el 1.6 millones de inyecciones anticonceptivas que supuestamente se compraron con el presupuesto asignado.
A pesar de ello, los diputados de la legislatura pasada –todavía controlada por la mayoría priísta— aprobaron de último minuto la cuenta pública 2009 de la Secretaría de Salud, eso sí, con el cuestionamiento del entonces diputado del Partido del Trabajo, José Benigno Pérez Vega, y la abstención de la bancada panista.
Por lo pronto la Auditoría Superior del Estado ha retrasado la entrega de la documentación comprobatoria mediante la cual se avaló la cuenta pública de Alfredo Arango, con el argumento de que la solicitud no aclara a qué periodo se refiere la solicitud presentada la semana pasada.
ONG descubre el gasto exorbitante
El 15 de abril de 2010, Jasmine Gómez López, integrante del equipo de fiscalización que conformaron la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser) y la asociación Equidad de Género, ingresaba una solicitud de información a la Secretaría de Salud de Puebla (folio PUE-2010-000456). La mujer pidió al gobierno marinista le informara el monto del presupuesto asignado para 2008 y 2009 para la compra de métodos anticonceptivos y las unidades compradas con dichos recursos.
La solicitud formaba parte de un paquete de peticiones de información que el equipo de Ddeser y Equidad de Género presentaron en 10 estados como parte de un proyecto de fiscalización para revisar el abasto y el acceso a usuarios de métodos anticonceptivos.
La respuesta dejaría atónitas a las mujeres del equipo. Era un presupuesto insólito e inédito, en ningún estado del país se encontraron con una cifra parecida, según explicó a este portal Sofía Román Montes, una de las coordinadoras del proyecto de fiscalización.
“De los estados que hemos detectado que reciben muchos recursos está Guerrero, y recibe en promedio alrededor de 20 millones de pesos para la compra de métodos anticonceptivos, y de los demás varía, pero la situación que encontramos en Puebla sí fue llamativa al encontrar ese incremento exorbitante, que además reportan gastos fuera de lógica, gastaron casi 60 millones en anticonceptivos inyectables”.
De acuerdo con la respuesta que ofreció la coordinadora de planificación familiar de la Secretaría de Salud, María de Jesús Vergara Eumaña, al equipo de fiscalización de las ONGs, el presupuesto de 2008 fue de 9.6 millones, un año después el gasto sería de 77.3 millones de pesos y en 2010 la cifra bajaría a 8.1 millones.
De acuerdo con la información desglosada por método anticonceptivo comprado, fue en inyecciones hormonales en donde se registró el crecimiento más alto, al aumentar de 3 millones a 59.3 millones de pesos el gasto entre 2008 y 2009, lo que representa un incremento de 1857 por ciento, para 2010 el gasto sería de tan sólo 4.4 millones de pesos.
Román Montes explicó en entrevista que los datos recabados fueron presentados a inicios de 2011 a un subsecretario de la Secretaría de Salud de Puebla, que les prometió darle seguimiento al tema pues acababa de incorporarse a la administración estatal tras el cambio de sexenio.
“Nunca recibimos una explicación oficial sobre esos montos y como tal lo publicamos a finales de 2011, quedamos de darle seguimiento, hicimos una presentación en medios, pero ha habido mucho cambio de funcionarios y prácticamente ya no está ninguno de los que trabajaron con nosotras”.
“El funcionario que nos recibió, que tenía nivel de subsecretario también se sorprendió un poco al conocer las cifras y el incremento en el presupuesto. Mencionó que tal vez era alguna aportación del recurso del Seguro Popular, pero nos pareció una declaración a bote pronto”.
“A pesar de que presentamos el reporte, él nos notificó que no había como mucha aceptación por parte del ejecutivo ni de su jefe inmediato, el secretario de Salud (Jorge Aguilar Chedraui), y también nos ofreció trabajar en adelante de manera conjunta para lograr que los métodos les llegasen a todos los usuarios, que le enseñáramos estrategias de trabajo y etcétera, sentimos que había apertura, pero fue la única reunión que tuvimos, después ya no hubo encuentro con ellos. Después supimos que el secretario de salud previo (Alfredo Arango) estuvo involucrado en malos manejos, y creemos que puede estar relacionado con el gasto millonarios, pero no tenemos pruebas”.
Los documentos desaparecen
En marzo de 2012, ya en pleno sexenio morenovallista, la Secretaría de Salud encabezada, por Aguilar Chedraui, respondería a un par de solicitudes de información que presentó Lado B reconociendo que no existían facturas ni documentos que comprobaran el gasto del 2009 y de 2005 –año de inicio del sexenio de Mario Marín–. Pero además ofreció montos totales diversos a los que había reconocido el gobierno marinista.
Así, de acuerdo con el gobierno de Moreno Valle entre 2005 y 2007 se habrían gastado un promedio anual de 11.5 millones de pesos. Para 2008 el gasto se triplicó al llegar a 36 millones, para 2009 la cifra prácticamente se duplicó hasta alcanzar los 63 millones para caer a 8.1 millones en el 2010 (solicitud folio 78212).
Las cifras entre los datos otorgados en una y otra administración sólo coinciden en el gasto de 2010.
Pero a la hora de sustentar el gasto en facturas, las cifras vuelven a cambiar radicalmente (solicitud folio 78512).
En 2006 –en 2005 se declaró inexistente la información— sólo se registraron facturas por 19 mil 225 pesos. En 2007 los documentos prueban un gasto de 90 mil 994 pesos; para 2008 la cifra facturada llegó a 2.8 millones de pesos. En 2010 se justificaron 5.8 millones de pesos.
Gasto en anticonceptivos y sus facturas (cifras en pesos)
Año Cifras MMT Cifras RMV Facturado 2005 Sin datos 11 millones No hay facturas 2006 Sin datos 11.4 millones 19 mil 225 2007 Sin datos 11.8 millones 90 mil 994 2008 9.6 millones 36.6 millones 2.8 millones 2009 77.4 millones 63.4 millones No hay facturas 2010 8.1 millones 8.1 millones 5.8 millones
A mediados de marzo pasado la Secretaría de Salud entregó a Lado B versiones digitales de los comprobantes de recepción en bodega de los métodos anticonceptivos comprados en 2008, 2010 y 2011, reconociendo también que no tienen los documentos respectivos a 2009.
“Cabe señalar que del año 2009 no se tiene información referente a la adquisición de métodos anticonceptivos, por lo que se levantó el acuerdo de inexistencia, la cual adjunto para mayor referencia (sic)” (solicitud folio 330712).
Una respuesta que la dependencia tardó en entregar casi medio año, y no fue sino hasta unos días antes de que se dictaminara el recurso de revisión que presentó este reportero en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) cuando finalmente hizo llegar por vía electrónica la documentación respectiva.
Y aunque se pidió de manera reiterada al enlace de comunicación social de la Secretaría de Salud entrevista con titular de la dependencia, jamás hubo respuesta alguna. También se buscó una entrevista con Antonio Marín y López, el secretario de Salud que antecedió a Alfredo Arango, y aunque hubo comunicación y promesa de un encuentro, este jamás se concretó.
La aprobación de la cuenta pública
Fue una sesión de último minuto. Extraordinaria pues no estaba programada, de hecho tres días antes la mesa directiva del Congreso había declarado “clausurado el Período de Sesiones Ordinarias, comprendido del 3 de enero al 14 de enero del 2011”. Convocada con unas cuantas horas de anticipación, justo al filo de que concluyera la LVII legislatura, la misma que acompañó a Mario Marín Torres durante la segunda mitad de su sexenio.
40 de los 41 diputados se presentaron al pleno del Congreso para aprobar la cuenta pública 2009 de la Secretaría de Salud, al menos la parte que correspondería a Alfredo Arango, y lo hicieron, a decir del entonces diputado del Partido del Trabajo, José Benigno Pérez Vega, con los ojos cerrados por la vía fast track pues el resultado del análisis nunca les fue presentado.
Pérez Vega subió a tribuna para criticar la sesión de último minuto cuestionó que la Legislatura de la que formó parte se despidiera de la ciudadanía con “una puñalada trapera”, pero nada evitó que la cuenta pública de la cual hoy no aparecen las facturas ni documento alguno que pruebe cómo se gastaron millones de pesos en la compra de métodos anticonceptivos se aprobara con los 29 votos de mayoría priísta, 6 abstenciones del grupo parlamentario del PAN y 5 votos en contra de diputados de oposición.
Entre los diputados priístas que aprobaron sin chistar la cuenta pública de Arango García se encuentra las actuales diputadas federales: Josefina García Hernández, Rocío García Olmedo y el actual presidente del PRI en el estado, Pablo Fernández del Campo.
