Un día como hoy pero de 1953, el Presidente de México, Adolfo Ruíz Cortínez expidió, en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que permitía a las mujeres votar y ser votadas para puestos de elección popular.
El 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez el derecho al sufragio, en las elecciones federales, gracias a las modificaciones constitucionales.
Sin embargo, aclaró que pese a esto, las mujeres pensaban que con el voto “automáticamente se iban a acabar sus problemas, que íbamos a ser reconocidas como personas, que nos iban a dar el mismo trato que a los varones; y no”.
Hay lugares en zonas indígenas en las que “si el marido dice que no vaya a votar, la mujer no va a votar”, reveló.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 51.2% de la población está conformada por mujeres; sin embargo, actualmente no hay ninguna mujer gobernadora y hasta ahora no ha habido una mexicana presidenta de la República.
En seis décadas, cinco mujeres han sido gobernadoras y una jefa de gobierno: Griselda Álvarez Ponce de León (Colima, 1979), Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala, 1987), Dulce María Sauri (Yucatán, 1991), Rosario Robles Berlanga (DF, 1998), Amalia García Medina (Zacatecas, 2004) e Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán, 2007).
Esto se debe, en gran medida, a la cultura del machismo, “todavía prevalece y está hondamente arraigada en nuestra sociedad; hay muchos mitos, por ejemplo, que somos más débiles que los hombres y necesitamos protección, que no tenemos la misma capacidad intelectual, que somos malas para las matemáticas, que las ciencias duras no se nos dan y que, desde el punto de vista moral, somos poco confiables”, explica Álvarez de Lara.
Historia
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se modificó en 1953: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.
En respuesta, las organizaciones femeniles adheridas al Partido Revolucionario Institucional enviaron mensajes de felicitación y agradecimiento al Presidente de la República.
Sin embargo, las mexicanas tuvieron que esperar cinco años para poder elegir, por primera vez al jefe del Poder Ejecutivo Federal.
En las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía a diputados federales para la XLIII Legislatura.
Tras la jornada el presidente Ruiz Cortines declaró que “En la vida política de la patria este es un momento histórico”.
Tomado de: Aristegui Noticias, Redacción AN octubre 17, 2013.
Cambios relevantes, los últimos 5 años
Ivonne Melgar, Excelsior en linea 03/07/2015
La magistrada Carmen Alanís se dice optimista por el avance femenino en materia política.
Personaje clave en la construcción de la obligatoriedad de los partidos para respetar las cuotas de género, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa se define optimista en el balance de lo ganado en materia de participación política de las mujeres, desde que hace seis décadas se consiguió el voto femenino.
Destaca que la próxima legislatura de la Cámara de Diputados se integrará, por el principio de representación proporcional, con 107 hombres y 93 mujeres; y por mayoría relativa, con 183 hombres y 117 mujeres.
“Esto se traduce en 58% de hombres y 42% mujeres, lo que, en comparación con 2012 —bajo el régimen de cuotas—, representa un aumento de 5% derivado de la aplicación de la paridad.
“Los cambios más relevantes se han dado en un lapso de 15 años, particularmente en los últimos cinco, con la introducción de cuotas, el parteaguas que implicó la sentencia 12624 de 2011 y, posteriormente, el establecimiento de la paridad como principio constitucional”, resume quien fue la primera en presidir el TEPJF.
Aliada en el movimiento que emprendieron hace cuatro años políticas de todos los signos para evitar que las dirigencias partidistas siguieran burlándose de las cuotas de género, que establecían que al menos 40% de las candidaturas debían recaer en mujeres, Alanís Figueroa sostiene que el reconocimiento formal de los derechos políticos “se queda corto frente a la necesidad de revertir la desigualdad histórica y la discriminación”.
En entrevista con este diario destaca que el papel de las autoridades electorales ha sido fundamental para avanzar.
“Un claro ejemplo son las cuatro jurisprudencias (números 6, 7, 8 y 9 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades electorales y actores políticos del país para las elecciones de 2016) en las que se establece que la paridad debe cumplirse a nivel municipal y que, además, cualquier mujer pueda impugnar un acto que vulnere el cumplimiento de la paridad”, detalla.
“He tenido el honor de ser parte de la Sala Superior por nueve años y, sin duda, el proceso para alcanzar la paridad ha sido el que en términos profesionales y personales ha representado mayor reto e intensidad.
“Fui la primera y única mujer que presidió el Tribunal —también tuve el privilegio de ser la primera directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE, y eso implicó una gran responsabilidad para abrir paso a otras mujeres”.
Respaldo social
Al hacer un balance de la aplicación de la paridad en los pasados comicios, destaca el triunfo de Claudia Pavlovich, quien será gobernadora de Sonora.
Puntualiza que en 15 de los 16 estados donde hubo elecciones creció el número de mujeres en los congresos. Sólo en Colima el número de mujeres quedó igual.
“Destacan los casos de Campeche, Guanajuato, Guerrero y Querétaro, donde el aumento, en comparación con la integración anterior, fue de tres a 11; de tres a 10; de cuatro a 12 y de tres a 13, respectivamente”, detalla.
Alanís enfatiza que se trata de resultados a los que ha contribuido la sociedad civil, organismos internacionales, activistas, académicas y otras que se organizan en redes como Mujeres en Plural.
Para la experta en el tema, las resistencias derivadas de las impugnaciones presentadas en el Tribunal Electoral son por la puesta en marcha de la paridad.
Pero felizmente, una vez que se toman cartas en el asunto, las resoluciones del Poder Judicial se convierten en candados para los partidos, indica. Celebra que Parametría reporta que ocho de cada diez personas están de acuerdo con que la ley exija igual número de hombres y mujeres en diferentes cargos. Y que ese porcentaje vaya en aumento.
De la violencia política de género plantea que “es un problema que, como jueza constitucional electoral y experta para el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, me preocupa y me ocupa.
“Lo más importante es contar con herramientas para prevenirla y atender a las mujeres que la sufren. En Chiapas y Guerrero hemos tenido varios casos, incluso, mujeres que han impugnado que no se cumple con la paridad, han sufrido amenazas”, revela.
Propone aprender a identificar la violencia política de género, tomar acciones para prevenirla y atenderla, y asegurar que las mujeres que la denuncien no sean doblemente victimizadas.
La participación de las mujeres indígenas, el mayor logro
“Gracias a la contribución de un movimiento amplio de mujeres de todos los partidos, logramos la paridad como un principio constitucional, el cual consiste en garantizar la igualdad en el acceso a la representación de todos y cada uno de los cargos, no sólo en la administración pública, sino también en los poderes Legislativo y Judicial”, celebra Patricia Olamendi Torres, exsubsecretaria de Temas Globales en la Cancillería.
Primera directora del primer organismo que en la capital del país impulsó la política de equidad de género, la activista es defensora de que la paridad en los congresos debe garantizarse por la vía de las diputaciones plurinominales.
“Las mujeres seguimos contribuyendo al Estado de derecho con la defensa en tribunales de nuestros derechos electorales. Porque la calidad de la democracia tiene que ver con el fortalecimiento y las oportunidades para todas las personas.
“Aportamos al país casi 16% del PIB con trabajo no remunerado ni reconocido.
“Podemos decir que la pasada elección trajo un avance en la calidad de la democracia: la inclusión de la mitad de la población”.
Exsubprocuradora, ex diputada federal y consultora de la ONU en la materia, Olamendi Torres señala que México es el país con menos participación política de mujeres en el nivel de alcaldes, síndicas y regidoras.
Entre los pendientes en el reconocimiento del derecho de las mujeres a ser votadas, señala la armonización de las leyes locales en materia de paridad y un mayor protagonismo de las juntas locales del INE para hacer cumplir las sentencias del Tribunal Electoral.
“Aún no existe una comprensión cabal de la responsabilidad del INE en cuanto a la tutela de los derechos políticos de las mujeres y la garantía que debe existir para lograr su participación”, alerta.
Dice que lo más importante de la reforma constitucional es la obligatoriedad de la participación de las mujeres indígenas en la vida política.
“Ése es el mejor avance que podemos celebrar en este 60 aniversario: porque las mujeres de los pueblos originarios no habían logrado la ciudadanía”.
Presidieron a los diputados
Gloria Lavara Mejía (LVI Legislatura), de diciembre de 1998 a marzo de 1999.
Beatriz Paredes (LVIII legislatura), de septiembre de 2001 a diciembre de 2002.
Marcela González Salas (LIX Legislatura), febrero-mayo de 2006.
María Elena Álvarez (LX legislatura), de junio a agosto de 2007.
Ruth Zavaleta Salgado (LX legislatura), de septiembre de 2007 a agosto de 2008.
Lento progreso, dice Sauri, sólo con seis gobernadoras
Afirma la priista que si bien se avanzó en el Legislativo, no así en los otros poderes.
Responsable a finales de los 90 de poner en marcha la Comisión Nacional de la Mujer —que daría paso al Inmujeres— y primera en presidir al PRI, Dulce María Sauri considera que, entre los avances del género en la participación política, “es necesaria una reflexión a fondo sobre los escasos avances en el Ejecutivo”.
La exgobernadora de Yucatán y exsenadora plantea la necesidad de ubicar dónde se encuentran las resistencias en los partidos para que un mayor número de mujeres sean postuladas a presidencias municipales, a gobernadoras y a la Presidencia en condiciones de competencia.
“Falta avanzar en la integración de los gabinetes de los Ejecutivos, en el nivel federal y en los estados. Porque son pocas, muy pocas, las secretarias mujeres”, enfatiza.
Sauri dice que si bien hay avances en el derecho a votar, en el de ser electas para representar a la ciudadanía se registra “un lento progreso”, por resistencias en la legislación y en valores y actitudes derivadas de la creencia que el papel central de las mujeres está en la esfera doméstica.
“No es gratuito que hasta ahora sólo haya habido seis gobernadoras —dos interinas y cuatro elegidas—, a las que se suma Claudia Pavlovich, gobernadora electa de Sonora.
“Los logros considerables en la representación del Legislativo no deben desdibujar los enormes obstáculos que se hallan en los otros poderes, Judicial y Ejecutivo, en especial en este último”, alerta.
Al valorar la relevancia del principio de paridad, destaca que el parteaguas se dio en 2012, con la resolución 12624 del Tribunal Electoral, que obligó a los partidos a cumplir con la disposición de no más de 60 % de un mismo género en las candidaturas.
“Para cerrar el paso a la simulación y a las juanitas, el TEPJF dispuso que las fórmulas de propietarios y suplentes fueran del mismo género. Y el incremento significativo de mujeres en el Congreso hizo posible que cuando se discutió la Reforma Político-Electoral, en diciembre de 2013, las senadoras impulsaran la inclusión, en el 41 constitucional, del principio de paridad en las candidaturas al Legislativo”, subraya.
Destaca que la paridad como principio influyó en los congresos estatales que ampliaron el derecho a las candidaturas de alcaldías, ampliándolo a veces a regidores.
Para la fundadora de la política pública de equidad de género, cuando el gobierno de Zedillo asumió los compromisos de la ONU en la Conferencia de Beijín, la siguiente etapa de la lucha en el Legislativo debe darse en mayor presencia femenina en la toma de decisiones.
“Aunque en el Congreso rondan en 38% del total, no han tenido acceso a las presidencias de aquellas áreas consideradas “duras” –las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales, Hacienda, Presupuesto, Defensa Nacional, Seguridad—, y se han concentrado en las que son una especie de extensión en la vida pública del papel asignado al género femenino en la vida privada: Grupos Vulnerables, Infancia...”, explica.
Sauri Riancho afirma confiar en el gradualismo cuando éste tiene ritmo y un destino cierto. Pero advierte que las resistencias culturales surgen a la primera oportunidad.
Alerta que “hay violencia política de género cuando las candidatas propietarias son sustituidas por hombres: hijos, parejas, cuñados, en condiciones de abusar de su poder afectivo, filial, laboral, y obligarlas a actuar en forma humillante”.
Más mujeres en el poder enmarca 60 años de ejercer derecho al voto
Por: Eliuth Trujillo Sotelo, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 03/07/2015
A 60 años de esta lucha, de cientos y cientos de mujeres que han alzado la voz, la igualdad no ha llegado y se avizora (a regañadientes) la equidad de género.
Sin embargo, a pesar de la euforia por los resultados de la reciente jornada electoral a favor de las mujeres, ninguna instancia de gobierno hizo alusión a la fecha y mucho menos recordó o conmemoró el avance.
Pero la lucha inició 71 años antes del primer voto femenino, emitido por cierto por la esposa del presidente de México, Adolfo Ruiz Cortinez, la señora María de los Dolores Izaguirre.
Precisamente Ruiz Cortinez, siendo candidato a la Presidencia, prometió durante un mitin de campaña, ante 20 mil mujeres, la ciudadanía sin restricciones para las mujeres.
El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34 constitucional: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.
En 1953 se reconoció el derecho al sufragio femenino y dos años más tarde, en 1955, se concretiza durante una elección federal.
LA HISTORIA
La lucha femenina por ejercer el derecho al voto en México da sus primeras manifestaciones importantes en 1884 y 1887, cuando por primera vez una publicación, la revista femenina “Violetas del Anáhuac”, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino.
Hacia 1910 surge el club femenil antireeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc”, quienes protestaron por el fraude en las elecciones y demandaron la participación política de las mexicanas.
En 1916 se realizó el primer Congreso Feminista, impulsado por el general Salvador Alvarado como gobernador de Yucatán y varias organizadoras, acordando demandar que se otorgara el derecho al voto a las mujeres.
En 1923 la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, en el que pidió la igualdad civil para que las mexicanas pudieran ser electas en los cargos administrativos, y el decreto de igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales.
Un mes más tarde, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las potosinas el derecho a votar y a ser electas en comicios municipales.
Hacia 1935, por primera vez, las mujeres participaron en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR), y conformaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDN), encaminando sus demandas de clase y reivindicaciones de género.
En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió al Senado la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía.
En 1938 la reforma se aprobó y ese mismo año lo fue en la mayoría de los estados. En 1946 la Cámara de Diputados hizo una adición al artículo 115 constitucional, que establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser electas.
AVANCES LEGALES
En estos 70 años se iniciaron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), estableciéndose en 1998 las acciones afirmativas para garantizar espacios en las candidaturas a las mujeres para cargos de representación popular, y con ello se homologaron también las leyes electorales estatales, pese a la resistencia de los órganos de dirección y los liderazgos masculinos en los partidos políticos.
El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) implementó las leyes emanadas de esas reformas para la organización de los procesos electorales, exigiendo a los partidos el cumplimiento de las cuotas de género, que si bien nunca fueron suficientes, obligó a que los institutos políticos respetaran la ley que ellos mismos habían aprobado por medio de sus representantes en el Congreso, y con ello se integraron más mujeres a las legislaturas estatales y la federal, principalmente diputadas de representación proporcional.
Sin embargo, la resolución de noviembre de 2011 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que resolvió que los partidos estaban obligados a registrar un mínimo de 40 por ciento de candidatas para diputaciones y senadurías, dio a las mujeres un reconocimiento a su lucha por la igualdad, y con ello en la actual 62 Legislatura la presencia de diputadas y senadoras se incrementó, ocupando 37 y 32 por ciento, respectivamente.
Esta resolución favorable fue resultado de un proceso de inconformidad de 10 mujeres de diferentes partidos ante el TEPJF, demostrando de nuevo que las conquistas políticas son obtenidas por las propias mujeres.
La reforma electoral de febrero de 2014, aprobada por la mayoría de las bancadas partidistas en el Congreso de la Unión, a partir de la reforma constitucional promovida por el Ejecutivo, con la que se crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Instituto Nacional Electoral (INE), además de que se estipulan las candidaturas independientes y la paridad de género.
RESULTADOS 2015
Con los resultados de la reciente elección, la próxima Legislatura federal que inicia el 1 de septiembre estará conformada por 210 mujeres (117 de mayoría relativa y 93 plurinominales), que representan el 42 por ciento de las curules.
En los 16 estados de la República donde se realizaron elecciones concurrentes, incluyendo a aquellos donde las mujeres conquistaron la paridad en sus leyes electorales por resoluciones de sus tribunales electorales, 146 mujeres ocuparán escaños de mayoría relativa ocupando 40 por ciento, quedando pendientes las diputaciones plurinominales, pudiendo aumentar este porcentaje.
En los ayuntamientos, a pesar de que no todas las leyes electorales de los 15 estados donde se renovaron las alcaldías se reformaron para establecer la paridad en candidaturas, los logros para las mujeres también fueron positivos: de un total de 871 municipios, 104 serán gobernados por una alcaldesa.
Anteriormente había un recuento de 86 presidentas municipales. Con el aumento, las mujeres representarán ahora 11.9 por ciento de quienes encabezan el total de las alcaldías.
En todos los estados hubo impugnaciones de los partidos contendientes, por lo que estos porcentajes de diputadas y alcaldesas podrían variar.
Mientras tanto en Guerrero, derivado de la reforma electoral de 2014 sobre paridad de género, 384 mujeres ocuparán cargos de elección popular en el estado.
La paridad también llegó a las diputaciones federales: de las nueve curules que representan a Guerrero, cuatro fueron ganadas por mujeres, es decir 40 por ciento.
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, informó que de los 81 ayuntamientos, 20 estarán presididos por mujeres, representando 24.7 por ciento del total.
Tras la elección de 2012, 77 ayuntamientos quedaron a cargo de hombres y sólo cuatro fueron ganados por mujeres. Con los resultados del reciente proceso, el número de presidentas municipales tuvo un incremento de 400 por ciento, en comparación con la elección inmediata anterior.
En tanto, en la integración del Congreso local, de 46 curules, 19 serán para las mujeres, lo que significa 41.3 por ciento de presencia femenina.
Sin duda, un progreso muy significativo, ya que en las últimas seis legislaturas (desde hace 18 años) el número máximo obtenido fue de 13 diputadas. En la saliente Legislatura hay nueve mujeres.
Por otro lado, respecto a la integración de los cabildos, de 86 sindicaturas municipales, 61 corresponderán a mujeres, 70.9 por ciento del total. Mientras que de 586 regidurías, 274 serán para mujeres, es decir 46.7 por ciento.
LAS OPINIONES
Muriel Salinas Díaz, coordinadora estatal de la Red para el Avance Político de las Mujeres de Guerrero, considera que si bien las mexicanas hemos transitado del sufragismo al paritarismo, y hemos alcanzado en este proceso electoral cifras históricas de representación política en el estado, la reforma constitucional de la paridad electoral constituye uno de los progresos más relevantes de la vida democrática nacional.
Agrega que en las entidades federativas la armonización de la paridad de género se logró gracias a las organizaciones civiles por los derechos políticos de las mujeres, y es así como en estados como Guerrero, Morelos, Querétaro, Baja California y Coahuila se conquistó la paridad municipal a golpe de sentencias inapeables, y muy a pesar de los partidos políticos.
Salinas Díaz informó que en Guerrero la Red para el Avance Político de las Mujeres instrumentará junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las vocales ejecutivas del INE y el IEPC, un ejercicio de evaluación participativo y multipartidario del impacto de la paridad en el proceso y los resultados electorales.
“Tenemos que recuperar las experiencias vividas de las ciudadanas que participaron en este proceso como precandidatas y candidatas a cargos electivos, e identificar junto con ellas los principales facilitadores y obstáculos que enfrentaron.
“Construir colectivamente propuestas de solución frente a los obstáculos e integrar una nueva agenda legislativa orientada a consolidar la paridad local y ampliar el marco de los derechos políticos de todas las guerrerenses”, expresó. Para ello se realizarán próximamente cuatro foros regionales.
Por su parte, la diputada local priista Norma Yolanda Armenta comenta que a 60 años de que las mujeres acudieron a las urnas a votar por vez primera, actualmente las mexicanas transitan en una lucha histórica de generaciones por la igualdad, la equidad y ahora por la paridad, para acceder a los puestos de toma de decisiones más importantes, los de elección popular.
“Es ésta una gran lección histórica, que obliga a las mujeres, pero sobre todo a los varones, a pensar y actuar, con perspectiva de género, y a dejar atrás la lucha sexista para vernos de igual a igual”, destacó.
Los resultados electorales reportan que las guerrerenses ganaron cuatro de nueve Distritos electorales federales; 11 de 28 Distritos locales, y 20 de 81 municipios.
Además, de más de 60 síndicas y un mayor número de regidoras, el avance es muy importante, acota Norma Yolanda Armenta, quien ha sido coordinadora regional de la Red de Mujeres Campesinas de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y actual secretaria general del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri).
Maria Luisa Garfias Marín, integrante de la Asociación Civil Aliadas por la Justicia, considera que la invisibilidad de los derechos políticos de las mujeres en la sociedad, los gobiernos y los partidos generó que los diferentes grupos de feministas, de defensoras de Derechos Humanos y mujeres de los partidos se organizaran y movilizaran exigiendo al gobierno sufragio efectivo, es decir, reconocer también la ciudadanía para ser electas y ocupar puestos de representación popular en igualdad con los varones.
“Larga ha sido la batalla que las mujeres hemos dado porque nos reconozcan como ciudadanas de primera; nuestras conquistas han sido producto de quienes hemos convertido la lucha por nuestros derechos políticos como una bandera fundamental, y de quienes al llegar a las legislaturas construyen alianzas para aprobar las reformas a las leyes electorales; para ello hemos contado también con aliados”, apunta la también ex diputada local.
Finalmente observa que el balance para las mujeres en este proceso electoral reciente, a pesar de que aún no termina, es “positivo”; nos acercamos al 50 por ciento, sin embargo no cantamos victoria, nos falta un largo trecho por andar.
“Requerimos que todas las leyes estatales establezcan la paridad ‘horizontal’ y ‘vertical’; requerimos que las mujeres en la Legislatura federal y las estatales, así como en los ayuntamientos, legislen y aprueben presupuestos con perspectiva de género y las apliquen. Necesitamos nuevas formas de hacer política, pero también requerimos que la paridad se establezca en los otros poderes, el Ejecutivo y el Judicial”, demanda.
Vale la pena recordar cómo se dio dicho proceso, manifestó la Diputada Local de Oaxaca; Zoila José Juan.
La Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género agregó que el voto femenino en México no es una dádiva del aparato de poder, es más bien un resultado de las luchas organizadas de distintas generaciones de mujeres, y de hombres conscientes de que tenemos derecho a todos los derechos; luchas que a 60 años de distancia, con un cambio de siglo, de milenio, todavía tiene asignaturas pendientes.
“es cierto que la lucha organizada de las mujeres ha logrado abrir espacios dentro del sistema político mexicano, hoy contamos con legisladoras federales y locales, funcionarias públicas federales y estatales, hemos tenido candidatas a la Presidencia de la República, y contamos con pocos casos de mujeres gobernadoras de sus estados, en el orden municipal cada vez hay más presidentas y en la integración de los cabildos encontramos mujeres participando como regidoras, pero no es suficiente”.
Aseguró que muchas mujeres desconocen sus derechos, incluidos los políticos, por lo que deben desarrollarse estrategias que promuevan la información y mecanismos que garanticen la participación y representación efectiva de las mujeres en los espacios ya mencionados.
“Necesitamos conocer los espacios de participación para que en estos contemos con mujeres capacitadas y empoderadas, a la par necesitamos políticas públicas enfocadas a terminar con las brechas y barreras de género que nos impiden participar en igualdad de condiciones que los hombres”.
La representante popular recalcó que lo anterior no ocurrirá mientras las mujeres sigan cargando con el trabajo doméstico no remunerado, el cuidado de niños y ancianos, y otras tantas responsabilidades que la división sexual del trabajo y hasta programas.
“ Por supuesto también necesitamos mujeres políticas que contribuyan a la participación y organización, ciudadana y comunitaria y que se comprometan con las demandas de género”, explicó.
Para la legisladora del PRD, Elvia Carrillo Puerto es sin duda una de las figuras más visibles en la lucha por este derecho, quien en el estado de Yucatán llegó a ser legisladora y contribuyó a la organización de las mujeres por este y otros derechos.
Zoila José Juan recordó que a nivel nacional, el primer presidente que tomó cartas en el asunto fue el General Lázaro Cárdenas del Rio en 1937, al enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el artículo 34 constitucional y de esta manera permitir el sufragio femenino.
Asimismo, -dijo- que a pesar de que la iniciativa fue aprobada en ambas cámaras y posteriormente por las legislaturas de los estados, la declaratoria formal necesaria para que el trámite legislativo se concluyera jamás fue emitida, la razón dicen los cronistas de la época fue que el Partido Nacional Revolucionario consideró que el voto femenino podía verse influenciado por los curas.
Esta legislatura aprobó la reforma político-electoral para el estado de Oaxaca, en ella han quedado reconocidas la paridad de género y la alternancia en los cargos de elección popular, en la administración estatal y en las administraciones municipales, indicó José Juan.
Expresó que para que este tema llegue a ser una realidad, hará falta más presupuesto e iniciativas para la formación y el desarrollo de liderazgos de mujeres, incluidas, las mujeres indígenas, afromexicanas y campesinas.
Conforme las mujeres oaxaqueñas ejerzamos todos nuestros derechos, Oaxaca será un estado con ciudadanía plena, finalizó.
