A manifestarse este 3 de Junio en la Representación del Estado de Oaxaca

PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES C o n v o c a a: Todas las Mujeres Mexicanas A la Población en General A manifestarse este 3 de Junio en la Representación del Estado de Oaxaca, en contra de las iniciativas que penalizan nuestro derecho a decidir, nos criminalizan y obligan a vivir maternidades forzadas. Las y los legisladores de Oaxaca, lejos de cumplir con su obligación de representantes populares y de garantizar la vigencia de los derechos humanos, han violentado doblemente el derecho de las oaxaqueñas: primero al votar el pasado 9 de septiembre una reforma al artículo 12 de la Constitución del Estado de Oaxaca que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado y ahora, al pretender bloquear una iniciativa de ley que garantizaría a las mujeres con embarazos producto de una violación, el acceso a un aborto legal y seguro. Levantamos nuestra voz en Solidaridad con nuestras compañeras de Oaxaca para denunciar esta actuación del poder legislativo!!! ¡Aborto legal y gratuito! ¡Estado Laico! ¡Libertad a las mujeres presas por abortar! La cita es en Shakespeare No. 68, Nueva Anzures a las 11:00 am Detrás del Hotel Camino Real, entre Edgar Alan Poe y esq. Cantú. ¡Trae una prenda morada!

Sobre la "píldora del día siguiente"

 Activistas de Jalisco lamentaron las declaraciones del gobernador Emilio González Márquez, quien equiparó el aborto con delitos como el secuestro y las ejecuciones del narcotráfico.

“Vuelve a demostrar esta falta de conocimiento y de respeto por las mujeres. De ninguna manera se pueden equiparar (aborto y secuestros), es una total ignorancia”, indicó la coordinadora de la asociación Cladem, María Guadalupe Ramos Ponce.

La activista habló en nombre de defensoras de derechos presentes en el lugar que consideraron lo dicho por el mandatario como un “agravio” para las mujeres de Jalisco y añadió que al promover una controversia constitucional para no distribuir la píldora de emergencia en hospitales públicos “pone en riesgo, en vulnerabilidad a las mujeres”.

El gobernador Emilio González dijo que el aborto es equiparable a delitos graves. “Soy defensor de la vida, y todo lo que tiene que ver con la muerte, llámese narco, secuestradores, pena de muerte y aborto, yo los pongo al mismo nivel”, sostuvo el mandatario jalisciense entrevistado en una radiodifusora nacional.

“No es el aborto el que se está discutiendo en este momento en la Suprema Corte de Justicia (de la Nación), sino se está discutiendo la utilización de la píldora del día siguiente que tiene otro tipo de efectos, de prevención”, dijo la activista, tras negar que se trate de un “aborto químico”, como se refirió el mandatario.

Maricarmen Rello,Milenio.com

La “píldora del día siguiente” no es un “aborto químico”, como se califica en la controversia constitucional (54/2009) que interpuso el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino un medio para no llegar a este último. “Los anticonceptivos de emergencia no tienen efectos abortivos”, afirma el ministro José Ramón Cossío.

A lo largo de 79 hojas de su ponencia, que se discute ante el pleno de la SCJN, el ministro Cossío le corrige la plana al mandatario estatal y niega que la norma que se impugna, relacionada con la distribución de ese fármaco a mujeres que hayan sido objeto de violación, invada la competencia del Ministerio Público “al permitir a los médicos determinar la existencia de una violación para después realizar un aborto de ningún tipo”.

Afirma que la píldora a debate “no es más que un método de anticoncepción, el cual además debe ser administrado solamente con el consentimiento informado de la usuaria, y no un procedimiento de interrupción del embarazo que pueda tipificar en ningún sentido el delito de aborto al no existir embarazo”.

El mandatario estatal en su controversia señala que no obstante que una mujer víctima de ultraje requiera de atención médica, no implica que sea competencia de la Secretaría de Salud, sino que esa atención médica debe ser del Ministerio Público.

El magistrado califica de inaceptable que el Ministerio Público “tenga un monopolio sobre la atención a víctimas de delito en general, o de delitos de una naturaleza particular”, y señala que la labor de éste es la investigación y el ejercicio de la acción penal correspondiente.

A diferencia del gobernador jalisciense, el magistrado Cossío refiere que las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud sí pueden, en un momento dado, atender a víctimas de delitos cometidos, sean estos federales o locales.

“Estaríamos imposibilitando que usuarios que pudieran requerir atención médica urgente, y tal vez necesaria para preservar su existencia o su futura calidad de vida, pudieran ser atendidos de inmediato sin acudir previamente a las instancias de procuración de justicia”, señala.

De ahí que diga el mandatario estatal que la norma impugnada obliga a la práctica del “aborto químico” sin una determinación previa del Ministerio

Público estatal.

En el debate, que surge desde que González Márquez interpuso dicha controversia a mediados de 2009, y donde todo este tiempo la Suprema Corte recibió información al respecto de las cámaras de Senadores y de Diputados, así como de la PGR y de la Secretaría de Salud, se decidirá si la “píldora del día siguiente” debe entregarse a la población de la entidad que lo requiera.

Adicionalmente, el gobernador afirma que la norma impugnada es violatoria de las decisiones que se dan en Jalisco, ya que impone obligaciones y procedimientos de atención a víctimas de ciertos delitos y contradice la Constitución, que otorga a la legislatura estatal facultades para emitir regulaciones en materia de atención a las víctimas.

El funcionario critica que se le quiera endilgar a los estados sólo esa responsabilidad de atender a las víctimas de violencia sexual o familiar y garantizar la atención médica correspondiente, y no se tomen en cuenta las erogaciones correspondientes, por lo que entonces éstas “deberían estar a cargo de la misma Federación” y no de los estados.

Francisco Mejía,Milenio.com

"El PRI y sus Obispos" El caso Berlié El autor: Dr. Iván A. Franco Cáceres Antropólogo, Historiador y Polítologo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Un fantasma recorre los estados de la República Mexicana, haciendo milagros y uniendo el agua y el aceite, rescatando al PRI de sus pecados y llevándolo a la Salvación. Apoyando las posiciones del PAN y los conservadores mexicanos, en torno al derecho a la vida desde la concepción, modificando las constituciones de los estados del país, como respuesta a la despenalización del aborto en el perredista Distrito Federal. El libro de Iván Franco Cáceres tiene la virtud de derribar los estereotipos que existen en la sociedad mexicana sobre las relaciones entre religión y política; ya no solo es el PAN el partido católico por antonomasia; los conflictos al interior del partido, el protagonismo del priista Peña Nieto -graduado de la Universidad Panamericana, vinculada al Opus Dei,- visitando el Vaticano acompañado de todos y cada uno de los obispos y arzobispos de su estado, son otros elementos que ayudan a enterrar ésos estereotipos El autor narra cómo la llegada de Berlié implicó el acorralamiento de los sectores progresistas de la Iglesia, el desmantelamiento de los aparatos vinculados al PAN y el establecimiento de lazos operativos con sectores del PRI, que desembocarían en la derrota del PAN y el triunfo del PRI. Esto acompañado de la construcción de un frente político dirigido por los empresarios, quienes terminan apostando al PRI y abandonando sus antiguas simpatías panistas. ¿Quién es el hombre que hace milagros y convierte a masones y liberales irredentos a la verdadera fe? Ese hombre es Emilio Berlié, el arzobispo de Yucatán, hombre comprometido con el PRI,

Aborto legal, un derecho muy difícil de aplicar en Colombia

Por Ana Cristina Mallarino, especial para El País

Lo que estima la legislación es que pueden interrumpir voluntariamente el embarazo las mujeres que han sido violadas. También aquellas en cuyos casos el feto tenga malformaciones o esté en riesgo la vida de la madre.
Archivo / El País
Tras cuatro años de la norma, 649 mujeres han podido acceder al procedimiento.

Al cumplirse cuatro años de haberse reglamentado la sentencia 355 de 2006, que despenaliza el aborto en casos especiales, tan sólo 649 mujeres en el país han podido hacer uso de este derecho, según el Ministerio de la Protección Social.

Esta cifra contrasta con el estimado de abortos ilegales, que de acuerdo con un estudio de la Universidad Externado de Colombia, llegan a los 400.000 al año en el país.

Diana Cristina Caicedo, abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, aseguró que la aplicación de la sentencia ha sido difícil porque se ponen toda clase de trabas. Los médicos suelen argumentar objeción de conciencia y las entidades de salud recurren a estrategias como exigir documentación que no corresponde.

La abogada anotó que los papeles exigidos por la ley son mínimos.

“En caso de violencia sexual se requiere una copia del denuncio penal ante la Fiscalía o unidades de delitos sexuales, comisarías de familia o agentes de policía judicial. Por malformaciones del feto o riesgo para la vida de la mujer se necesita el certificado médico que indique que no hay viabilidad de vida o que la salud de la mujer corre riesgo físico o mental”, manifestó la abogada.

Precisamente, la sentencia autoriza la interrupción del embarazo cuando éste sea producto de violencia sexual o incesto, cuando el feto tenga malformaciones que hagan inviable su vida y cuando el embarazo ponga en peligro la salud física o mental de la gestante.

“Hablar de la interrupción voluntaria del embarazo es hablar de derechos, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, a la autonomía y a acceder a la prestación de estos servicios”, explicó Diana Cristina Caicedo.

Según Hoover Canaval, ginecólogo y director médico (e) del Hospital Universitario del Valle, en la institución se está manejando un promedio de dos casos semanales de mujeres que solicitan el cumplimiento del fallo.

La fundación Sí Mujer reportó que ha atendido 47 casos de mujeres que han requerido la aplicación de esta norma.

La confirmación de la existencia del síndrome de Down en el feto se ha convertido en uno de los puntos álgidos del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El médico Hoover Canaval consideró que “este síndrome no es incompatible con la vida y por lo tanto en ese caso no aplica la ley”.

De otra parte, la abogada de la Mesa por la Vida de las Mujeres expresó que “aunque un niño con el síndrome puede vivir, esto implica una carga emocional para la mujer, que si lo quiere asumir se respeta, pero si no, la mujer tiene la libre opción de interrumpir voluntariamente el embarazo y esa decisión es legal, porque lo contrario iría en contra de su bienestar emocional”.

Según la Organización Mundial de la Salud, 80.000 mujeres mueren al año por practicarse un aborto, por lo que se considera como un problema de salud pública.
La ginecóloga Laura Gil explicó que las malformaciones del feto incompatibles con la vida son las que no le van a permitir vivir, como la anencefalía, que es cuando el feto viene sin el cerebro, la ausencia de riñones, malformaciones o problemas genéticos.

“En el caso del Síndrome de Down hay que pensar en la salud de la mujer, si médicamente se determina que su salud mental se ha visto afectada, ella puede interrumpir el embarazo”, dijo.

Claudia Palta, psicóloga de Sí Mujer, consideró que en “caso de la interrupción voluntaria de un embarazo es necesario particularizar cada uno porque muchas mujeres, sobre todo las que han sido abusadas sexualmente, sienten alivio antes que dolor cuando interrumpen su embarazo y este procedimiento se convierte en un primer momento de sanación”.

Integrantes de la Mesa por la Vida y la Salud de la Mujeres aseguraron que para las víctimas de abuso sexual lo más difícil es la mala atención que les dan algunas instituciones de salud.

El drama de Lady

Uno de los casos más crudos de las dificultades para acceder al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, la padeció una niña de trece años llamada Lady, quien era violada por su padre desde los doce.

Lady fue escondida y amenazada de muerte por su progenitor y hasta las 16 semanas de gestación pudo ser trasladada al hospital de su municipio para la IVE, pero éste argumentó que no tenía la capacidad médica y la remitió a la capital del departamento.

Allí fue remitida a un hospital de tercer nivel que se negó a atenderla, alegando que todo personal médico era objetor de conciencia. El abogado del Icbf elaboró una acción de tutela y se ordenó la práctica del procedimiento finalmente. La niña fue trasladada a la capital del país en donde a las 23 semanas de gestación, le realizaron el procedimiento de dilatación y curetaje.

Un caso polémico

# La aplicación de esta norma generó recientemente un choque de trenes, luego que el médico Germán Arango Rojas se negara a practicarle un aborto a una menor discapacitada que fue víctima de una violación.

# El galeno fue sancionado por la Corte Constitucional por negarse a realizar dicho procedimiento, lo que fue rechazado por el procurador Alejandro Ordóñez, quien aseguró que el profesional “fue condenado en abstracto”.

# El jefe del Ministerio Público pidió a la Corte dar pronta y eficaz respuesta a esta situación, pues consideró que se encuentran comprometidos los derechos fundamentales de un profesional de la salud.

# Activistas tienen documentados 12 casos en los últimos 2 años # En Findlay Industries cesaron a dos empleados por sus preferencias sexuales; uno portaba el VIH América Farías Ocampo/La Jornada de Oriente Puebla, Pue., mayo 12 de 2010. Miembros del Comité Orgullo de Puebla, integrado por más de 10 organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de los derechos sexuales y reproductivos, denunciaron que en la entidad empresas como la Volkswagen (VW) Bimbo, HSBC y Findlay Industries, proveedora de la armadora alemana, le aplican la prueba de VIH/sida a sus trabajadores sin su consentimiento y despiden a quienes resultan positivos. Además, acusaron que el clero católico también incurre en prácticas discriminatorias, ya que en el Seminario Palafoxiano les prohíben el ingreso a los aspirantes que son portadores del VIH. Onan Vázquez Chávez, representante de la asociación civil Vida Plena, refirió que en los últimos dos años los activistas que integran el Comité Orgullo de Puebla, han documentado unos 12 casos de trabajadores que han sido despedidos por estas empresas por ser seropositivos. Refirió que en la empresa Findlay Industries, proveedora de la VW, despidieron a Juan Pablo Jiménez por vivir con VIH y ser homosexual; unas semanas después, corrieron a Ángel García Santos, quien era su pareja sentimental. Refirió que instituciones como Coca-Cola FEMSA (KOF) y Bimbo no sólo despiden a los trabajadores con VIH, sino también a quienes están divorciados o portan tatuajes. Vázquez Chávez explicó que las pruebas de VIH se les aplica a los trabajadores cuando se realizan los exámenes médicos que dichas empresas les piden como requisito para ingresar a laborar. Indicó que la mayoría de las empresas contrata servicios de laboratorios privados para que les hagan los certificados médicos a los trabajadores y allí, sin consentimiento, les aplican la prueba rápida para ver si viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Brahim Zamora Salazar, representante de la organización Democracia y Sexualidad (Demysex), lamentó que estas empresas violen la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Norma Oficial Mexicana (NOM) 010-SSA2-1993, para la prevención y control de la infección por el VIH. Dicha regulación establece los criterios a seguir para la realización de la prueba de detección, entre otros que se trata de una herramienta auxiliar para el diagnóstico y debe emplearse sólo con la finalidad de proteger la salud del individuo. La NOM 010 prohíbe que la prueba se solicite como requisito para el acceso a bienes y servicios, contraer matrimonio, obtener empleo, formar parte de instituciones educativas o recibir atención médica.

Marcha atrás a iniciativa para penalizar el aborto en Veracruz

Notimex en Xalapa | Viernes 7 de Mayo, 2010 | Hora de creación: 23:40 Al registrarse sólo 25 votos de los 34 necesarios para ser aprobada una reforma constitucional para proteger la vida desde el momento de la concepción y penalizar el aborto en Veracruz, se dio marcha atrás a esta iniciativa. Esta reforma había sido aprobada durante el periodo de sesiones de noviembre pasado, sin embargo, al tratarse de modificaciones constitucionales, éstas debían discutirse en una segunda vuelta. La asistencia de 34 de los 50 diputados que integran el Poder Legislativo local dio como resultado una votación de 25 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, por lo que quedó sin efecto la intención de reformar la Carta Magna estatal. Con la presencia de la directora del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), Marta Mendoza Parissi, y representantes de grupos de la sociedad civil, que desde al año pasado se opusieron a esta iniciativa, los legisladores veracruzanos discutieron en tribuna sus posicionamientos con relación a la modificación legal. La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elvia Ruiz Cesáreo, dijo que de no aprobarse la modificación a la Constitución se estaría fomentando el ejercicio de la sexualidad de manera irresponsable, descuidando las mínimas medidas de protección. Por su parte, la también legisladora priista Dalia Pérez Castañeda aseguró que de ser aprobada esta ley, se utilizaría para criminalizar a las mujeres que deciden no ser madres o que involuntariamente pudieran abortar, por lo que su voto fue en contra. En tribuna, el diputado por Convergencia, Alfredo Tress Jiménez, recordó las modificaciones hechas al Código Penal estatal, donde se estableció no sancionar con penas privativas de la libertad a mujeres que se practiquen abortos, aunque ahora se pretenda modificar la Constitución para proteger la vida desde la concepción. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=504745 El Universal

Correo enviado a todas las compañeras del PACTO

Proponen boicot turístico a Cancún por ''no respetar derechos de las mujeres''

    

4:17 p.m.

MÉXICO (EFE).— La asociación civil Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres de México solicitó hoy a la comunidad internacional que no visite Cancún, porque la “criminalización del aborto” que allí se vive “afecta a los derechos de las mujeres y los niños“.

Representantes de este Pacto, integrado por 90 asociaciones, exigieron en la capital mexicana de nuevo justicia para Amalia, la niña de 11 años sometida a un embarazo forzado desde que fuera presuntamente violada por su padrastro.

Inma de la Cruz, de la organización civil Flor y Canto, explicó que “aún no se ha decidido a qué niveles” se ejercerá el boicot, pero dijo que ya se han presentado quejas contra el gobierno de Quintana Roo (del PRI) “ante la ONU, Unicef y la Internacional Socialista”, de la que este partido forma parte.

Las manifestantes denunciaron que las autoridades estatales impidieron que Amalia abortase en los tres primeros meses, el plazo considerado legal en Quintana Roo cuando el embarazo es fruto de una violación. El médico que la atendía, relataron, “le aseguró a su familia que si abortaba podría morir“.

El estado de gestación de Amalia, una niña indígena maya que vive en condiciones precarias, ha avanzado ya hasta las 18 semanas, un tope con el que es delito abortar en cualquier estado de México, incluso en el Distrito Federal, donde la interrupción del embarazo es legal bajo cualquier circunstancia en los cuatro primeros meses.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo, indicaron los integrantes del Pacto, se ha ocupado del caso de Amalia “con total ineptitud e ineficiencia“.

Recordaron que la niña “corre peligro porque su cuerpo no cuenta todavía con el desarrollo necesario para ejercer de manera adecuada las funciones fisiológicas del embarazo“.

“¿Dónde queda la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990?”, se preguntan en una carta dirigida a Félix González Canto, gobernador quintanarroense, que leyeron durante la protesta y entregaron en la representación del Gobierno de Quintana Roo en Ciudad de México.

Asimismo, colocaron carteles a la entrada con los nombres de los diputados quintanarroenses que, con sus votos, modificaron la Constitución de ese estado para que considere que la vida comienza desde la concepción, una idea que para Inma de la Cruz, médico de profesión, “es una aberración y un concepto religioso“.

De la Cruz alertó de que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera (PRI), presentó en la Cámara de Diputados una propuesta para que la ley se modifique a nivel nacional en este mismo sentido.

El caso de Amalia no es una excepción, “sino una muestra tangible de la realidad social adversa que enfrenta la mujer” en Quintana Roo, “el estado con mayor índice de abusos sexuales del país”, insistió el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.

Los manifestantes ironizaron con que México sea un Estado laico “que responde como si fuera una iglesia”, y exigieron que el Congreso quintanarroense “dé muestras mínimas de sensibilidad”, así como que el DIF de ese estado sea investigado y “no rija sus decisiones con base en preceptos religiosos“.

“Que saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, clamaron.

Las mujeres empezamos a vivir la libertad hasta que vencemos nuestros miedos
Graciela Machuca | www.mayasinfronteras.com
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