El Universal
Ciudad de México Miércoles 28 de abril de 2010
13:42
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes habían sido sentenciadas a 21 años de prisión, por considerar que no se comprobaron ni se acreditaron los delitos que se les fincaron.
De manera unánime, los ministros absolvieron a Alberta y a Teresa de las acusaciones que formuló en su contra la Procuraduría General de la República, quien las responsabilizó de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
Y dejaron en claro que tampoco se comprobó la acusación que se formuló en contra de Alberta Alcántara en el sentido de que había sido detenida en posesión de cocaína, pues lo único que sostenía esta acusación era el dicho de uno de los agentes federales.
Para agilizar su salida del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto, los ministros de la Corte acordaron enviarle al juez, de momento, sólo los puntos resolutivos (debido a que la redacción final de la sentencia tardará unos días más), para que él, a su vez, les notifique de la decisión a las autoridades penitenciarias.
Esta determinación podría permitir que Alberta y Teresa queden en libertad hoy mismo.
Como lo adelantó EL UNIVERSAL, la ministra Olga Sánchez Cordero le presentó a sus compañeros un proyecto de sentencia en el que propuso revocar la sentencia del juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, quien las había sentenciado a 21 años de prisión.
El proyecto contó con el respaldo de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte.
Al referirse al caso, la ministra Olga Sánchez Cordero, explicó que no se comprobó el delito de secuestro que se les atribuyó a Teresa y Alberta.
Porque, dijo, "en esta modalidad es indispensable que la privación ilegal de la libertad fue con la finalidad de obtener un rescate. No se concreta a exigir el acto material de la privación de la libertad de una persona".
El ministro Arturo Zaldívar destacó la gravedad de este caso y advirtió que con esta decisión no sólo se gana la libertad de Alberta y Teresa, sino que se establece un precedente para evitar que en el futuro se repitan casos como este.
En especial, dijo, porque "nos lleva a pensar que es una práctica común de vulneración de los derechos humanos" y porque se convierte en "una vergüenza para el sistema de justicia".
Desde un principio, dijo, este caso "olía a una injusticia" que se agravó por la discriminación que sufrieron dos mujeres de origen indígena.
De manera unánime, los ministros absolvieron a Alberta y a Teresa de las acusaciones que formuló en su contra la Procuraduría General de la República, quien las responsabilizó de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
Y dejaron en claro que tampoco se comprobó la acusación que se formuló en contra de Alberta Alcántara en el sentido de que había sido detenida en posesión de cocaína, pues lo único que sostenía esta acusación era el dicho de uno de los agentes federales.
Para agilizar su salida del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto, los ministros de la Corte acordaron enviarle al juez, de momento, sólo los puntos resolutivos (debido a que la redacción final de la sentencia tardará unos días más), para que él, a su vez, les notifique de la decisión a las autoridades penitenciarias.
Esta determinación podría permitir que Alberta y Teresa queden en libertad hoy mismo.
Como lo adelantó EL UNIVERSAL, la ministra Olga Sánchez Cordero le presentó a sus compañeros un proyecto de sentencia en el que propuso revocar la sentencia del juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, quien las había sentenciado a 21 años de prisión.
El proyecto contó con el respaldo de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte.
Al referirse al caso, la ministra Olga Sánchez Cordero, explicó que no se comprobó el delito de secuestro que se les atribuyó a Teresa y Alberta.
Porque, dijo, "en esta modalidad es indispensable que la privación ilegal de la libertad fue con la finalidad de obtener un rescate. No se concreta a exigir el acto material de la privación de la libertad de una persona".
El ministro Arturo Zaldívar destacó la gravedad de este caso y advirtió que con esta decisión no sólo se gana la libertad de Alberta y Teresa, sino que se establece un precedente para evitar que en el futuro se repitan casos como este.
En especial, dijo, porque "nos lleva a pensar que es una práctica común de vulneración de los derechos humanos" y porque se convierte en "una vergüenza para el sistema de justicia".
Desde un principio, dijo, este caso "olía a una injusticia" que se agravó por la discriminación que sufrieron dos mujeres de origen indígena.
