De manera unánime, los ministros absolvieron a Alberta y a Teresa de las acusaciones que formuló en su contra la Procuraduría General de la República

Carlos Avilés Allende
El Universal
Ciudad de México Miércoles 28 de abril de 2010
13:42

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes habían sido sentenciadas a 21 años de prisión, por considerar que no se comprobaron ni se acreditaron los delitos que se les fincaron.
De manera unánime, los ministros absolvieron a Alberta y a Teresa de las acusaciones que formuló en su contra la Procuraduría General de la República, quien las responsabilizó de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
Y dejaron en claro que tampoco se comprobó la acusación que se formuló en contra de Alberta Alcántara en el sentido de que había sido detenida en posesión de cocaína, pues lo único que sostenía esta acusación era el dicho de uno de los agentes federales.
Para agilizar su salida del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto, los ministros de la Corte acordaron enviarle al juez, de momento, sólo los puntos resolutivos (debido a que la redacción final de la sentencia tardará unos días más), para que él, a su vez, les notifique de la decisión a las autoridades penitenciarias.
Esta determinación podría permitir que Alberta y Teresa queden en libertad hoy mismo.
Como lo adelantó EL UNIVERSAL, la ministra Olga Sánchez Cordero le presentó a sus compañeros un proyecto de sentencia en el que propuso revocar la sentencia del juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, quien las había sentenciado a 21 años de prisión.
El proyecto contó con el respaldo de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte.
Al referirse al caso, la ministra Olga Sánchez Cordero, explicó que no se comprobó el delito de secuestro que se les atribuyó a Teresa y Alberta.
Porque, dijo, "en esta modalidad es indispensable que la privación ilegal de la libertad fue con la finalidad de obtener un rescate. No se concreta a exigir el acto material de la privación de la libertad de una persona".
El ministro Arturo Zaldívar destacó la gravedad de este caso y advirtió que con esta decisión no sólo se gana la libertad de Alberta y Teresa, sino que se establece un precedente para evitar que en el futuro se repitan casos como este.
En especial, dijo, porque "nos lleva a pensar que es una práctica común de vulneración de los derechos humanos" y porque se convierte en "una vergüenza para el sistema de justicia".
Desde un principio, dijo, este caso "olía a una injusticia" que se agravó por la discriminación que sufrieron dos mujeres de origen indígena.

Autoridades pretenden que niña víctima de abuso complete gestación

Luis Boffil y Javier Chávez, corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 30

Mérida, Yuc., 14 de abril. El embarazo de la niña ASM, violada por su padrastro en la comunidad de Rovirosa, Quintana Roo, tiene 17 semanas y un aborto sería de alto riesgo, al igual que continuar con la gestación, pues el parto podía ocurrir a los cinco o seis meses, advirtieron voceros del sector salud de Yucatán que tuvieron acceso al expediente.
Aunque el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo pretende que la niña no aborte, la directora de la dependencia, Lizbeth Gamboa Song, dijo hoy: Acataremos cualquier disposición del Ministerio Público que conoce del expediente, porque ellos son la autoridad y nosotros sólo somos coadyuvantes.
El lunes pasado ASM, quien cumplirá 11 años el 21 de abril, fue traída a Mérida por personal del DIF de Quintana Roo y sus familiares, y este miércoles retornó a Chetumal, informó Delfio Xool, vocero de la dependencia.
Como parte de su distracción, la niña fue llevada al parque zoológico del Centenario, en el poniente de Mérida.
Posteriormente fue conducida al hospital regional de alta especialidad, donde le practicaron una resonancia magnética de cuarta generación para evaluar la condición del feto y determinar si el embarazo puede ser o no riesgoso.
Los especialistas de Mérida citaron a la menor en 15 días para continuar los estudios. De acuerdo con su evolución, se podría determinar si aborta o continúa la gestación.
Una vez de regreso en Chetumal, la menor fue trasladada a la casa de asistencia temporal del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, dependiente del DIF de Quintana Roo.
Lizbeth Gamboa Song, directora del DIF estatal, informó que a la paciente se le practicó un tercer ultrasonido en la clínica Mérida SA de CV, donde fue evaluada por el ginecólogo Juan Carlos Navarrete Jaimes, quien consideró que el estado de salud de la niña y del bebé es bueno, y prescribió ciertos cuidados que tendemos que tomar en consideración como institución para protegerla y continuar cumpliendo con lo que nos corresponde, añadió Gamboa Song.
La sicóloga, por escrito, nos ha referido que ella (la niña) es muy consciente de la situación física que atraviesa y conoce muy bien la parte previa a un embarazo. Sabe que le va a crecer el vientre, que en algún momento se le va a romper la fuente y por dónde va a nacer el bebé, añadió la funcionaria del DIF.
–¿Puede interrumpirse el embarazo a estas alturas, según los médicos? –se le preguntó en entrevista radiofónica.
–Corresponderá a la autoridad judicial y ministerial, dependiendo del estado del expediente, determinar lo que corresponda por ley. Lo que conozco es que se consideran 90 días como tiempo máximo para interrumpir el embarazo –respondió Gamboa Song.
La abogada Gabriela Rojo Castillo, presidenta de la Fundación Pro Mujer Quintana Roo AC, denunció que hace algunos días dialogó con la madre de la pequeña sobre la conveniencia de trasladarla al Instituto Nacional de Perinatología del Distrito Federal para que tuviera la opción de suspender el embarazo en las mejores condiciones de seguridad.
El Grupo Integral en Reproducción Elegida y la Fundación Simone de Beauvoir ofrecieron todo el apoyo para el traslado de la niña y su familia, incluidos los boletos de avión.

Casi habíamos convencido a la mamá, pero por arte de magia personal del DIF arribó el domingo por la noche a la comunidad de Rovirosa. Le dijeron a la madre que su hija tenía cita con el ginecólogo este lunes y que debía acompañarla (a Mérida), precisó la activista. 

Contactan a madre de la niña embarazada en Quintana Roo
-- GIRE le informa sobre sus derechos y ofrece apoyo económico

Por Anayeli García Martínez

México, D.F.13 abr 10 (CIMAC).- El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) contactó a la madre de la niña embarazada de 10 años que fue violada por su padrastro en Quintana Roo, para ofrecerle apoyo e información veraz sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo.

En entrevista con Cimacnoticias, María Luisa Sánchez Fuentes, directora de GIRE, dijo que desde que tuvieron conocimiento del caso se han acercado a la madre de la menor de edad, debido  a que las autoridades locales y el DIF estatal han tenido una actitud  “muy oscura” en este tema.

Esto debido a que las autoridades del DIF estatal se llevaron a la niña a una casa de asistencia sin la autorización de la madre. Aunado a esto, la comunicación entre ellas ha sido irregular, pues las visitas son de 10 minutos, una vez a la semana y en compañía de una psicóloga. Por otra parte la información que se le ha brindado a la madre no ha sido objetiva, afirmó.

Sánchez Fuentes, puntualizó que la madre de la menor de edad no sabía que el aborto era legal cuando se trata de un embarazo consecuencia de una violación sexual, sin embargo, siempre se le dijo que era más peligroso interrumpir el embarazo, aún cuando la evidencia científica dice lo contrario.

En este sentido, la información no ha sido la correcta -afirmó la directora de GIRE- quién manifestó que esta organización puede dar ayuda económica y solidaria para que la vida y salud de la niña no corra peligro.

Por ahora esperan hablar con la madre nuevamente para que pueda tomar una decisión clara  e informada acerca de la interrupción del embarazo de la niña.

MATERNIDAD FORZADA

Por otra parte Norma Gabriela Salazar Rivera, subdirectora general de atención y prevención a la infancia y adolescencia del DIF estatal, en entrevista justificó que “la atención que se brinda” a las y los niños y adolescentes que llegan a la casa de asistencia, donde se encuentra la niña, es integral: médica, psicológica y legal.

De acuerdo con Salazar Rivera, en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo del estado de Quintana Roo (PAMAR), se encuentran 9 niñas y niños, que llegaron a la casa de asistencia por diferentes situaciones, entre ellas: abuso sexual, violencia familiar, situación de calle o explotación sexual.

Aunque prefirió no abundar en casos específicos, manifestó que cuando a una adolescente la violan y embarazan, ésta queda bajo la protección del DIF estatal, donde tiene un control prenatal estricto, para evitar cualquier tipo de complicación.

El Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA), que se encarga de prevenir los riesgos de la exclusión social derivadas del embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia, se encuentran 10 embarazadas.

Argumentó que las adolescentes son canalizadas para que tengan un embarazo sin riesgos y un parto seguro, se les “otorga una beca” y se busca “su reintegración” al sistema educativo. Aunque no señaló cuál es el seguimiento que se realiza una vez que las adolescentes concluyen el embarazo.

De acuerdo con Salazar Rivera, el Ministerio Público y la Procuraduría de Defensa del Menor son las dos instancias que canalizan a las victimas, quienes pueden permanecer en la casa hasta tres meses, mientras su situación familiar y/o legal se estabiliza, de no ser así continúan en la casa mientras las y los trabajadores sociales realizan un trabajo paralelo con las familias.

Sin embargo, para la directora de GIRE  María Luisa Sánchez Fuentes, es muy importante saber cómo es que las niñas llegan a dicha Casa de Asistencia y también si continúan con su embarazo en forma voluntaria o como en el caso de la niña de Quintana Roo, son obligadas.

10/AGM/LR/LGL