FEBRERO 20, 2014. Verónica Cruz.
Directora del Centro las libres de información en salud sexual región centro A.C.
La promoción de los derechos humanos de las mujeres -el acceso al derecho a una vida libre de violencia y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres de áreas rural, urbana e indígena- es un trabajo que por 13 años el Centro Las Libres ha desarrollado en Guanajuato y en otros estados del país. Periodo en el que hemos construido diversas estrategias con las mismas mujeres de estas comunidades para encontrar alternativas de solución que ayuden a que estos derechos se vuelvan parte de su vida cotidiana.
Una primera experiencia desarrollada entre 2000 y 2006, fue documentar los casos de niñas y mujeres victimas de violencia sexual y crear una red de prestadores de servicios privados de las áreas de psicología, abogacía y médica para lograr que a estas niñas y mujeres las atendieran de forma gratuita, con calidad y de manera integral. Ello trajo consigo una masa crítica de mujeres víctimas y, al mismo tiempo, el involucramento de un sector de la sociedad para desarrollar un mecanismo de exigencia ciudadana y contar sus historias de forma ética a través de los medios de comunicación. Esto con un objetivo central: exigirle al gobierno estatal de Guanajuato que les garantice a las mujeres servicios de aborto seguro y legal en los casos de violación y un cambio en el imaginario social al solidarizarse con las victimas de violación y entender la necesidad de la interrupción legal del embarazo.
Una segunda experiencia ha sido construir una red amplia para que las mujeres victimas de violencia de género, a través de talleres y pláticas, conozcan sus derechos y aprendan a reconocer la violencia. Esto, junto con atención especializada, integral y gratuita que el Centro Las Libres les proporciona, han hecho que ellas logren salir de ese círculo de la violencia y, a su vez, dan el paso para ser las mejores acompañantes de otras mujeres que viven violencia sea apoyándolas a denunciar, siendo testigos, ayudándolas económicamente, etcétera.
Hoy esta experiencia de mujeres acompañando a otras mujeres para el acceso a la justicia ha permitido impulsar la creación de una clínica jurídica de derechos humanos de las mujeres cuyo objetivo es que tanto alumnas de Derecho, como mujeres comunes e instituciones del Estado impulsen el acceso a la justicia vía la garantía de una defensa adecuada, especializada y con perspectiva de género para que las instancias de procuración y administración de justicia se obliguen a garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia.
Una tercera experiencia tiene que ver con la eliminación del estigma social alrededor del tema del aborto, así como la construcción del derecho a decidir sobre el propio cuerpo desde la vida cotidiana de las mujeres. La creación de redes de acompañamiento para el acceso a un aborto seguro es una de las experiencias exitosas que han logrado conjuntar el avance científico, el acceso a la información médica, la perspectiva ética y laica del ejercicio libre de la maternidad para ir despenalizando socialmente el aborto. La reproducción de estas redes de acompañamiento asegura que cada mujer que viva la experiencia sea una opción de vida y un testimonio vivo de lo que las mujeres son: personas con derechos, capaces de tomar decisiones éticas como cualquier otro ser humano.
La criminalización y los casos de mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto dan cuenta de que la sociedad y el Estado tienen un retraso social y jurídico en materia de derechos humanos de las mujeres. Si hoy hay personas que siguen considerando que las mujeres que inclusive tienen abortos espontáneos deben estar en la cárcel o que exista aún la violencia contra las mujeres como mecanismo de control y abuso de poder, nos dice cuan poco civilizada es la sociedad mexicana.
En esta línea, en el año 2008, conocimos la historia de nueve mujeres criminalizadas por homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación en las cárceles de Guanajuato. Sus sentencias llegaban hasta 35 años en prisión, en buena medida por el hecho de ser mujeres, pobres, de área rural marginada, sin acceso a educación y servicios de salud de calidad y haber sido madres adolescentes. Otro rasgo común a estos casos es que los policías ministeriales, agentes del ministerio público, defensores de oficio, jueces y magistrados que dijeron que ellas eran culpables bien a bien nunca supieron si ellas querían o no ser madres, si ellas algún día les paso la idea de abortar o no, si ellas sufrieron por la pérdida del supuesto hijo, lo que todos sintieron fue una profunda afectación por el honor masculino.
En efecto, otra característica de la mayoría de estos casos es que ellas habían tenido una relación sexual fuera del matrimonio y tal como dijo la presidenta del tribunal de justicia: eso en esa zona de Guanajuato es muy penado. Después de 10 años de estar en prisión, de vivir el abandono de sus familias y creer que su vida en la cárcel era la única opción, el 7 de septiembre del 2010 fueron liberadas gracias a una reforma legislativa que disminuyo la penalidad para éstos casos. Lo único que el gobierno les concedió fue un reconocimiento a las penas excesivas, y eso porque la presión social y mediática alcanzó una dimensión inimaginable en un tema que normalmente se tiende a callar, silenciar, para conservar una sola visión. Una que considera que todas las mujeres son felices siendo madres porque se cree que ese sigue siendo el mandato social más importante para ellas, sin importar cual sea su deseo.
Por lo anterior conocimos los casos de Virginia, una indígena tlapaneca, y el de Adriana, una indígena Mepha. Ambas del estado de Guerrero, cuyos casos tenían las mismas características que los de Guanajuato. Pero con dos agravantes más: ser indígenas y no hablar español en el momento de su juicio. Virginia está fuera de la cárcel desde el 2011 y Adriana desde el 22 de enero de este año, gracias a que la Suprema Corte le concedió un amparo liso y llano después de que estuvo en la cárcel 7 años, 9 meses y 3 días. La Corte reconoció la falta de un traductor, un debido proceso y una defensa adecuada, poniendo en el centro del debate nacional que ser mujer, ser indígena y ser pobre siguen siendo factores para una triple discriminación. A menos que como mujer tengas la suerte de que dos elementos se conjunten en pro de tu defensa: una organización de defensa de los derechos humanos de las mujeres y una clínica jurídica de interés público. En efecto, Centro Las Libres y la Clínica del CIDE han logrado conjuntar lo mejor de sí para construir el acceso a la justicia a las mujeres con escasos recursos de vida, económicos y sociales sólo por haber nacido en el lado de la marginación. Una tarea no sencilla, en un país como México.
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