ESPECIAL DERECHOS HUMANOS
Año fatídico para defensoras de Derechos Humanos
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 22 dic 11 (CIMAC).- Los asesinatos, amenazas e intimidaciones contra activistas de diversas causas y movimientos y la falta de interés del Estado mexicano por protegerlos, marcaron la situación de los Derechos Humanos (DH) durante 2011.
El tenso clima de violencia que se vive en todo el país hizo que aumentara el riesgo que enfrentan las y los defensores humanitarios, quienes lejos de obtener garantías para realizar su trabajo, encontraron el desdén de las autoridades por establecer un mecanismo para protegerlos.
A principios de este año, la familia Reyes Salazar exigió la presentación con vida de Luisa Ornelas, y Malena y Elías Reyes Salazar, quienes fueron “levantados” el 7 de febrero en Ciudad Juárez, Chihuahua, y cuyos cuerpos fueron hallados la madrugada del día 25 del mismo mes.
Malena y Elías eran hermanos de Josefina Reyes Salazar, una activa defensora de DH que fue asesinada el 3 de enero de 2010 y cuyo caso fue emblemático porque se trataba de una mujer que exigió justicia para su hijo asesinado, presuntamente a manos de militares.
De acuerdo con la información difundida, el lunes 7 de febrero las tres víctimas –acompañados de Sara Salazar y una niña de 11 años– viajaban de Juárez al poblado de Guadalupe, en Chihuahua, cuando un grupo armado los interceptó y secuestró.
Estos hechos merecieron la atención de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las cuales condenaron lo sucedido.
En su momento estas organizaciones hicieron un llamado para que las autoridades federales y estatales impulsaran una investigación imparcial y exhaustiva de los ataques perpetrados contra defensoras y defensores y sus familiares, en especial en el estado de Chihuahua.
ACTIVISTAS SIN PROTECCIÓN
Estas agresiones evidenciaron la urgente necesidad de investigar los hechos y de adoptar un mecanismo federal de protección a defensores, por ello, las organizaciones civiles volvieron a exigir al gobierno federal que diseñara un mecanismo de protección.
Pese a esta demanda, lo único que obtuvieron las organizaciones fue un acuerdo, publicado el pasado 7 de julio, que comprometía a la Secretaría de Gobernación a construir un mecanismo de protección, pero hasta el momento no se sabe qué ha pasado con el mismo.
Y es que no se puede dejar de lado que el secuestro –y posterior asesinato de Malena, Elías y Luisa– estuvo acompañado de actos de intimidación contra otras activistas, una de ellas Sara Salazar, la también matriarca de la familia Reyes Salazar.
El pasado 15 de febrero la casa de Sara Salazar fue incendiada y al otro día fue quemada la casa de María Luisa (Malú) García Andrade, integrante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Esta serie de amenazas no fueron investigadas ni sancionadas por las autoridades judiciales de Ciudad Juárez, lo que creó un clima de impunidad que dio pie a nuevos actos de intimidación, en especial contra las activistas de la localidad fronteriza.
Ejemplo de ello es que la madrugada del pasado 10 de marzo apareció una manta con amenazas de muerte contra la defensora y cofundadora de Nuestra Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz Rivera, lo que la obligó a salir de Juárez y abandonar el país para proteger su vida. Nuevamente en este caso no se encontró a los responsables.
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Este año también se caracterizó por el estallido del clamor social reflejado en los movimientos sociales que se gestaron tras la formación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta y escritor Javier Sicilia, y el ex ombudsman del DF Emilio Álvarez Icaza.
Estas movilizaciones dejaron de manifiesto que las violaciones a DH son una constante en todo México y mostraron que los secuestros, extorsiones, amenazas, desapariciones y asesinatos son una realidad en un país, donde pareciera que las autoridades poco han hecho para evitar que esto suceda.
Aunque las marchas y plantones hicieron evidente la precaria situación de los DH, las historias de impunidad continúan. Tan sólo el pasado 2 de diciembre otra de las fundadoras de Nuestras Hijas, Norma Andrade, fue víctima de intento de asesinato, del cual resultó gravemente herida.
Norma es madre de Lilia Alejandra, una joven de 17 años asesinada en febrero 2001 en Juárez; y de Malú García Andrade, activista amenazada de muerte en varias ocasiones. Norma recibió cinco impactos de bala cuando se disponía a salir de su casa para ir a trabajar.
Norma y su hija Malú –quienes han sido defensoras de mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidio y trata– se vieron obligadas a exiliarse en la Ciudad de México con el objetivo de proteger su vida y poner a salvo al resto de su familia.
Cabe mencionar, que como ha sucedido en otros casos, las autoridades federales y estatales no han cumplido a cabalidad con las medidas de protección para la familia García Andrade, ni con la investigación para encontrar y sancionar a los responsables de las amenazas.
México, DF, 22 dic 11 (CIMAC).- Los asesinatos, amenazas e intimidaciones contra activistas de diversas causas y movimientos y la falta de interés del Estado mexicano por protegerlos, marcaron la situación de los Derechos Humanos (DH) durante 2011.
El tenso clima de violencia que se vive en todo el país hizo que aumentara el riesgo que enfrentan las y los defensores humanitarios, quienes lejos de obtener garantías para realizar su trabajo, encontraron el desdén de las autoridades por establecer un mecanismo para protegerlos.
A principios de este año, la familia Reyes Salazar exigió la presentación con vida de Luisa Ornelas, y Malena y Elías Reyes Salazar, quienes fueron “levantados” el 7 de febrero en Ciudad Juárez, Chihuahua, y cuyos cuerpos fueron hallados la madrugada del día 25 del mismo mes.
Malena y Elías eran hermanos de Josefina Reyes Salazar, una activa defensora de DH que fue asesinada el 3 de enero de 2010 y cuyo caso fue emblemático porque se trataba de una mujer que exigió justicia para su hijo asesinado, presuntamente a manos de militares.
De acuerdo con la información difundida, el lunes 7 de febrero las tres víctimas –acompañados de Sara Salazar y una niña de 11 años– viajaban de Juárez al poblado de Guadalupe, en Chihuahua, cuando un grupo armado los interceptó y secuestró.
Estos hechos merecieron la atención de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las cuales condenaron lo sucedido.
En su momento estas organizaciones hicieron un llamado para que las autoridades federales y estatales impulsaran una investigación imparcial y exhaustiva de los ataques perpetrados contra defensoras y defensores y sus familiares, en especial en el estado de Chihuahua.
ACTIVISTAS SIN PROTECCIÓN
Estas agresiones evidenciaron la urgente necesidad de investigar los hechos y de adoptar un mecanismo federal de protección a defensores, por ello, las organizaciones civiles volvieron a exigir al gobierno federal que diseñara un mecanismo de protección.
Pese a esta demanda, lo único que obtuvieron las organizaciones fue un acuerdo, publicado el pasado 7 de julio, que comprometía a la Secretaría de Gobernación a construir un mecanismo de protección, pero hasta el momento no se sabe qué ha pasado con el mismo.
Y es que no se puede dejar de lado que el secuestro –y posterior asesinato de Malena, Elías y Luisa– estuvo acompañado de actos de intimidación contra otras activistas, una de ellas Sara Salazar, la también matriarca de la familia Reyes Salazar.
El pasado 15 de febrero la casa de Sara Salazar fue incendiada y al otro día fue quemada la casa de María Luisa (Malú) García Andrade, integrante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Esta serie de amenazas no fueron investigadas ni sancionadas por las autoridades judiciales de Ciudad Juárez, lo que creó un clima de impunidad que dio pie a nuevos actos de intimidación, en especial contra las activistas de la localidad fronteriza.
Ejemplo de ello es que la madrugada del pasado 10 de marzo apareció una manta con amenazas de muerte contra la defensora y cofundadora de Nuestra Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz Rivera, lo que la obligó a salir de Juárez y abandonar el país para proteger su vida. Nuevamente en este caso no se encontró a los responsables.
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Este año también se caracterizó por el estallido del clamor social reflejado en los movimientos sociales que se gestaron tras la formación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta y escritor Javier Sicilia, y el ex ombudsman del DF Emilio Álvarez Icaza.
Estas movilizaciones dejaron de manifiesto que las violaciones a DH son una constante en todo México y mostraron que los secuestros, extorsiones, amenazas, desapariciones y asesinatos son una realidad en un país, donde pareciera que las autoridades poco han hecho para evitar que esto suceda.
Aunque las marchas y plantones hicieron evidente la precaria situación de los DH, las historias de impunidad continúan. Tan sólo el pasado 2 de diciembre otra de las fundadoras de Nuestras Hijas, Norma Andrade, fue víctima de intento de asesinato, del cual resultó gravemente herida.
Norma es madre de Lilia Alejandra, una joven de 17 años asesinada en febrero 2001 en Juárez; y de Malú García Andrade, activista amenazada de muerte en varias ocasiones. Norma recibió cinco impactos de bala cuando se disponía a salir de su casa para ir a trabajar.
Norma y su hija Malú –quienes han sido defensoras de mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidio y trata– se vieron obligadas a exiliarse en la Ciudad de México con el objetivo de proteger su vida y poner a salvo al resto de su familia.
Cabe mencionar, que como ha sucedido en otros casos, las autoridades federales y estatales no han cumplido a cabalidad con las medidas de protección para la familia García Andrade, ni con la investigación para encontrar y sancionar a los responsables de las amenazas.
