Dos mujeres indígenas Mepha'a (Guerrero) se han enfrentado durante más de nueve años a las fuerzas armadas y las autoridades para exigir justicia después de que unos soldados las violaran en 2002 en el estado de Guerrero, al sur del país.
Pese a la larga investigación y las sentencias emitidas el pasado agosto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, sus agresores continúan en libertad, protegidos al parecer por el sistema de justicia militar de México. Entretanto, mientras prosigue la batalla judicial, las mujeres y sus familias han recibido amenazas.
El 12 de agosto, sin embargo, Inés y Valentina vieron alguna posibilidad de que los soldados que las violaron comparezcan finalmente ante la justicia.
Ahora, después de que la Procuraduría General de Justicia Militar reconociera que carece de jurisdicción para juzgar casos en los que se acusa a miembros de las fuerzas armadas de cometer violaciones de derechos humanos, las investigaciones de sus casos han sido transferidas a tribunales civiles.
“Para nosotros, esta decisión representa un avance significativo, ya que la sociedad civil ha luchado incesantamente para que casos como estos se transfieran al sistema de justicia civil”, ha declarado Vidulfo Rosales, abogado de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, que representa a estas dos mujeres.
“Sin embargo, sigue habiendo muchas limitaciones —nos preocupa que exista margen para la impunidad, para exonerar a los responsables—. La Procuraduría General de la República tiene la obligación de iniciar de inmediato una investigación penal para castigar a los soldados que Inés y Valentina ya han señalado como responsables.”
La decisión de transferir a los tribunales civiles los casos de Inés y Valentina se produce a raíz de una decisión dictada hace poco por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la cual las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas contra la población civil no deben juzgarse en tribunales militares.
Esta decisión viene precedida por una resolución emitida el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la que se ordenaba a México que investigase y enjuiciase en el sistema de justicia civil las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. Esta resolución instaba al gobierno mexicano a hacer que los responsables rindiesen cuentas de sus actos, ofrecer reparación adecuada y tomar medidas para garantizar que estas violaciones no se vuelven a repetir.
A pesar de esta decisión, siguen bajo jurisdicción militar varios otros casos recientes de violaciones cometidas por las fuerzas armadas mexicanas, como la desaparición forzada de al menos seis hombres a manos de la Armada en el mes de junio en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.
Conforme las fuerzas armadas han aumentado su participación en operaciones policiales para hacer frente a los cárteles de la droga y grupos armados se han denunciado por todo México violaciones generalizadas de derechos humanos, entre las que se incluyen la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada.
“Que estos casos sean transferidos al sistema de justicia civil de México establece un importante precedente, y la Procuraduría General de la República debe procesar sin demora y con eficacia a los responsables de la violación y tortura de Inés Fernández y Valentina Rosendo”, ha manifestado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“Jamás se debe volver a permitir que el sistema de justicia militar de México proteja a los culpables cuando se acusa a las fuerzas armadas de cometer violaciones de derechos humanos contra la población civil.”
